Océanos


México debe adoptar la moratoria a la minería oceánica con base en el enfoque precautorio

Ante la evidencia de los impactos graves e irreversibles de la minería submarina, México tiene la oportunidad de proteger su riqueza ecológica y adoptar una acción congruente con la protección del océano en el marco de la discusión internacional que se lleva a cabo actualmente acerca de la normativa y procedimiento para la exploración de yacimientos minerales en los fondos marinos.   El océano profundo constituye casi el 50% de la superficie del planeta y es la reserva de alimento más grande del mundo. Al mismo tiempo, los fondos marinos contienen nódulos polimetálicos (concentraciones ricas en níquel, cobre, cobalto y manganeso principalmente), los cuales podrían aportar materias primas para la fabricación de baterías. En ese contexto, del 10 al 28 de julio se llevarán a cabo, en Kingston, Jamaica, las reuniones del Concejo y de la Asamblea de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés) para discutir la hoja de ruta de la normativa y procedimientos necesarios para explotar los yacimientos minerales de los fondos marinos, particularmente en la región conocida como Clarion-Clipperton, en donde actualmente existen 16 contratos de exploración. México es el país más cercano a estas exploraciones debido a que su zona económicamente exclusiva colinda directamente con la concesión de minería oceánica Ocean Mineral, de Singapur; ubicada a tan sólo 144 km de distancia del área natural protegida Pacífico Mexicano Profundo y a 290 km del Archipiélago Revillagigedo, Patrimonio Natural de la Humanidad. Existe evidencia científica acerca de los impactos graves e irreversibles de la minería submarina en las condiciones morfológicas de los fondos marinos. Por ejemplo, la pluma de sedimentos de las actividades mineras submarinas se dispersa en aproximadamente 140 km, por lo que impactaría directamente al territorio mexicano, afectando los patrones alimentarios de la fauna, sepultando incluso a algunas especies. Además, el dragado y remoción de la corteza marina afectaría directamente a los corales milenarios de Revillagigedo. Especies que viven en la oscuridad también podrían verse afectadas por la luminosidad de la actividad específica, a lo que se suman los efectos que la contaminación acústica tendría en especies como las ballenas y otras que se valen de la ecolocalización para su subsistencia. La minería en aguas profundas es también una amenaza para la salud humana. Ello se debe a la acumulación de toxinas provenientes de la pluma de sedimentos en las cadenas alimenticias de especies de consumo humano como el marlín, tiburones, calamar y túnidos. Además de las afectaciones descritas directamente en su territorio, México ha recalcado su interés en buscar la protección del océano y su biodiversidad. Lo ha hecho al clasificar al Archipiélago de Revillagigedo como Patrimonio Natural de la Humanidad ante la UNESCO, unirse al de Alto Nivel por una Economía Oceánica Sostenible en 2021, publicar un año después la Estrategia de Instrumentación 2021–2024, y adherirse al Tratado Global de los Océanos recientemente en 2023. El Archipiélago es, además, el territorio soberano más cercano a la Zona Clarion-Clipperton. Las organizaciones de la sociedad civil firmantes exhortamos a las autoridades mexicanas a realizar una acción sensata y valiente: Adoptar una postura a favor de un enfoque precautorio, lo cual concuerda con una moratoria preventiva a la minería en aguas profundas. En el derecho internacional, cuando una actividad u obra propuesta pueda tener impactos negativos en los ecosistemas, es legítimo adoptar medidas de protección aún a falta de certeza científica absoluta. La mayoría de los países de América Latina que participan activamente en la negociación, promueven y apoyan detener la actividad hasta que exista suficiente información científica sobre los ecosistemas del fondo marino y un marco normativo completo que asegure su indemnidad. Con el establecimiento de esta pausa, se generará un mejor conocimiento científico acerca de los endemismos y procesos ecológicos en el fondo marino. Esta postura conlleva el cumplimiento del derecho internacional y la congruencia de la política exterior de México con la protección del océano. La explotación minera de los fondos marinos es una amenaza inaceptable e injustificada para todos los seres y futuras generaciones que dependen de un océano sano para sobrevivir y prosperar.   Firman: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Sustainable Ocean Alliance México Salvemos la Laguna IDHEA, A.C. Greenpeace México The Oxygen Project Mares de México Centro para la Diversidad Biológica Beta Diversidad o de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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Playa en Manzanillo, México
Océanos, Minería

Organizaciones urgen al gobierno de México a mostrar su compromiso con la protección del océano y oponerse a la minería submarina

Manzanillo, Colima. Integrantes de Sustainable Ocean Alliance México —Naturalia, Greenpeace México, Beta Diversidad, Mares de México, Alianza Salvemos a la Laguna y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) — mostraron su oposición a la minería submarina frente al barco Hidden Gem el pasado 3 de julio. Este barco, perteneciente a la compañía Allseas y usado por The Metals Company, lleva meses anclado en el puerto de Manzanillo luego de haber navegado en la zona Clarión-Clipperton el año pasado para probar su maquinaria destinada para actividades de minería submarina. En conferencia de prensa en Manzanillo, voceros de las organizaciones dejaron claro que las profundidades marinas "constituyen la mayor fuente de diversidad de especies y ecosistemas de la Tierra" y "sustentan los diversos procesos ecosistémicos necesarios para el funcionamiento de los sistemas naturales del planeta"[1]. Los científicos advierten que los impactos ambientales de la minería de los fondos marinos serían catastróficos, de grandes proporciones e irreversibles en escalas de tiempo humanas. Algunas consecuencias incluyen la extinción de especies de aguas profundas, la destrucción de ecosistemas y hábitats, las tormentas de sedimentos submarinos, el vertido de aguas residuales, así como la contaminación acústica y lumínica incesante. Es urgente detener la minería en aguas profundas antes de que inicie. Aún se requiere más investigación para entender el funcionamiento del ecosistema y conocer la biodiversidad que habita en el fondo del océano, pero existe evidencia suficiente como para entender que la minería en aguas profundas es inconsistente con un futuro sostenible  La minería en aguas profundas es una de las cinco grandes amenazas[2] que actualmente enfrenta el océano, actividad extractiva que todavía no inicia. El mundo está aún a tiempo de detenerla. Es urgente que México demuestre su compromiso con la protección del océano y tome una postura en contra de la minería en aguas profundas en la próxima reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo en Jamaica (Sesión del Consejo del 10 al 21 de julio y la Asamblea del 24 al 28 de julio). "La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), un organismo de la ONU fundado en 1994 y con sede en Kingston, Jamaica, es responsable de regular la minería en aguas profundas en áreas de fondos marinos internacionales fuera de la jurisdicción nacional (es decir, fuera de la Zona Económica Exclusiva, ZEE) de cualquier país, como en la Zona Clarion-Clipperton. El gobierno de México ha firmado el Tratado Global de los Océanos e históricamente ha mostrado una postura y compromiso con la protección de los océanos. Al tener el rol de Presidencia del Consejo en la 28° Sesión de la ISA, es necesario que nuestro gobierno mantenga y refuerce su credibilidad hacia la protección de los océanos impidiendo el inicio de la minería submarina a través de su apoyo a la moratoria a esta industria", señaló Ruth Ramos, campañista de Greenpeace México. Hacemos un exhorto para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales instalen una mesa de planeación a fin de alcanzar un posicionamiento congruente con la conservación de los mares del 30x30 en el marco del Convenio Kunming-Montreal de Diversidad Biológica. Nuestro país debe ser responsable con los compromisos adquiridos a nivel internacional y congruente con posicionar su papel en favor de la conservación y en contra de la minería submarina en la próxima reunión de la ISA. "La posición de México debe ser congruente con el derecho Internacional y aplicar los principios precautorios y preventivos para detener la actividad de minería submarina hasta en tanto no se cuente con la evidencia científica de que no impactará en la flora y fauna marina", señaló Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Daniel Cáceres, representante regional por Hispanoamérica de Sustainable Ocean Alliance, mencionó: "No se pueden terminar regulaciones cuando ni siquiera se tiene información necesaria para redactar las bases de ellas. Hemos visto lo inaccesible que pueden ser los fondos marinos, con el accidente del sumergible Titan, solo seis submarinos pueden llegar a esa profundidad y uno de ellos ha desaparecido. Los fondos marinos son muy difíciles de estudiar debido a su profundidad. Necesitamos que México se sume al pedido de pausa precautoria y en caso de que se presente una política general de moratoria, pueda votar a favor". "Es esencial involucrar a la sociedad civil, utilizando la educación ambiental, el fomento a las alternativas sostenibles y colaborar estrechamente para compartir recursos, conocimientos ambientales y socioeconómicos asociados a esta práctica devastadora. Desde Sustainable Ocean Alliance México, promovemos el liderazgo oceánico de las juventudes, que buscan salvaguardar los recursos naturales para las futuras generaciones. Con base a esto, el objetivo con la campaña es darle voz a la juventud mexicana, quienes hacen valer su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado", citaron Valeria Magaña y Anissa Velázquez, representantes del capítulo nacional de Sustainable Ocean Alliance. Las personas defensoras del medio ambiente buscan unir esfuerzos y crear alianzas, ya que esto es fundamental para abordar el desafío global que la minería submarina representa y conseguir la protección de los fondos marinos. A medida que la campaña contra la minería submarina avanza en conjunto, es esencial reconocer los desafíos que enfrentamos y desarrollar estrategias efectivas para impedir que esta práctica dañina inicie. Algunos de los retos clave que debemos abordar son: influir en las políticas y regulaciones relacionadas con esta industria devastadora, fomentar un mayor apoyo a la investigación científica para comprender plenamente los efectos a largo plazo de esta actividad extractiva en los ecosistemas marinos y en las comunidades que dependen de ellos, promover alternativas a la extracción de minerales y reducir nuestra dependencia de estos recursos; colaborar de manera conjunta entre ONG, comunidades locales, científicos, instituciones académicas y gubernamentales. La lucha contra la minería submarina requiere de un esfuerzo conjunto y coordinado. Nuestra unión puede marcar la diferencia y contribuir a proteger el océano para las generaciones futuras. [1] United Nations First World Ocean Assessment, 2015. [2] Los océanos enfrentan también amenazas como el cambio climático, sobrepesca, contaminación por plásticos, y combustibles fósiles. o de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107  

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Embarcaciones pesqueras en el Puerto de Veracruz, México
Océanos

El arrecife veracruzano y la oportunidad de cambiar la realidad

Texto publicado originalmente en Animal Político.   El arrecife veracruzano o Sistema Arrecifal Veracruzano —el más grande del Golfo de México— es protagonista de la historia y cultura del país. Este sitio de anidación de peces y larvas sirve de barrera protectora contra tormentas y huracanes, constituye la fuente de subsistencia de cerca de 15,000 personas dedicadas a la pesca y atrae al turismo de buceo y snorkel, entre otros servicios ambientales. Ello motivó a dos personas residentes de Veracruz, representadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a presentar una demanda judicial para proteger su derecho humano al medio ambiente sano en 2016, argumentando que la evaluación de impacto ambiental fragmentada de la ampliación del puerto de Veracruz impedía conocer las afectaciones a los arrecifes coralinos del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). Fue hasta febrero de 2022 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por unanimidad, en su sentencia 54/2021, que los permisos ambientales para el proyecto son ilegales. El fallo obliga a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) evalúe de nuevo y exhaustivamente la totalidad de las obras que conlleva la ampliación portuaria, use la mejor información científica disponible e identifique los impactos de las obras en los ecosistemas de la zona. También ordena elaborar planes de restauración y requerir peritajes internacionales. En diciembre de 2022, en su oficio SRA/DGIRA/DG-06257-22, la SEMARNAT autorizó nuevamente la ampliación del puerto de Veracruz, haciendo caso omiso del criterio de la Suprema Corte; más grave aún, ignoró por completo las oportunidades de participación pública que dispone la propia legislación ambiental. En este sentido, parecería que la autoridad ambiental recopila las autorizaciones fragmentadas en una sola para “simular” un cumplimiento de la sentencia. En esta fase del proceso judicial, el Quinto Juzgado de Distrito del Séptimo Circuito –que está a cargo de determinar si la sentencia se cumplió o no– tiene la oportunidad de confirmar que la reciente autorización de impacto ambiental desacata los criterios establecidos por la Suprema Corte. El tribunal tiene en este momento la enorme responsabilidad de hacer que la sentencia 54/2021 transforme la realidad social y ambiental. De no ser así, permitiría que sea solamente una decisión judicial con estética argumentativa en papel. El fallo considera la posibilidad de requerir asistencia técnica internacional. En particular, el Secretariado de la Convención Ramsar —tratado intergubernamental para la protección de humedales de importancia internacional como el arrecife veracruzano— puede brindar apoyo especializado al gobierno mexicano para realizar esa evaluación de impacto ambiental, pero únicamente ante una solicitud específica de la propia autoridad ambiental. Esta petición gubernamental constituiría un buen gesto de la voluntad política para el cumplimiento de la sentencia en cita. En conclusión, el fallo histórico 54/2021 y su ejecución representan la gran oportunidad de México para generar un parteaguas en la evaluación de impacto ambiental y en la aplicación efectiva de la ley. En el marco del Día Mundial de los Océanos, la reflexión es que tanto las autoridades como la sociedad civil no nos conformemos con el consuelo de una sentencia protectora, sino que realmente actuemos en consecuencia para garantizar una protección real para los arrecifes coralinos de Veracruz.  

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Explotación de hidrocarburos offshore: Resistencia a una amenaza creciente en América Latina

La exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera o aguas afuera (offshore) está expandiéndose en América Latina y el Caribe como parte de una estrategia gubernamental y empresarial que implica la continuidad de la industria del petróleo y del gas, combustibles fósiles cuyo uso agrava la crisis climática mundial. El avance de la actividad offshore de hidrocarburos implica también riesgos de daños graves para el océano, el mayor regulador climático del planeta, así como para la vasta biodiversidad que alberga y para los modos de vida de comunidades costeras. A nivel mundial, las reservas de hidrocarburos costa afuera representan el 30% del total y se concentran en aguas superficiales de hasta 125 metros, según investigaciones académicas. Los principales productores son Estados Unidos, México, Noruega, Brasil y Arabia Saudita. Estos países representan el 43% del total mundial. La expansión actual de la actividad en la región se desarrolla hacia extremos con mayor complejidad ambiental, en aguas ultra profundas, con pozos que superan los 1.500mts de profundidad. La autorización de nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera profundiza la dependencia del uso de combustibles fósiles y promueve su permanencia. Esta expansión representa un retroceso frente a las acciones urgentes que el mundo requiere actualmente para evitar un calentamiento global con consecuencias catastróficas. Constituye además un obstáculo para la transición hacia sistemas energéticos sostenibles, basados en fuentes renovables y respetuosos del ambiente y de las personas. Sin embargo, existen en la región casos que evidencian una resistencia colectiva —también en aumento— al avance ciego de los proyectos de hidrocarburos en el mar. Con ayuda del litigio estratégico y del ejercicio de la participación ciudadana, estos casos representan la oportunidad de sentar precedentes importantes a nivel nacional e internacional para la protección del ambiente, el clima y los derechos humanos frente a los daños de la explotación de hidrocarburos costa afuera.   La defensa del Mar Argentino En mayo de 2019, la Secretaría de Energía adjudicó a varias empresas un total de 18 áreas (225.000 km2 de superficie) del Mar Argentino —sector del Océano Atlántico Sudoccidental— para la búsqueda de gas y petróleo.   En diciembre de 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizó el proyecto de exploración sísmica en tres de las áreas adjudicadas, ubicadas frente a la costa de la provincia de Buenos Aires, a unos 300 km de las playas de Mar del Plata, las más turísticas del país. El proyecto —a cargo de la empresa estatal noruega Equinor, la argentina YPF y angloholandesa Shell— incluye la realización de un pozo exploratorio. La decisión gubernamental ha sido cuestionada y rechazada por la comunidad científica y por las asambleas de varias ciudades costeras. En enero de 2022 —ante las amenazas para la biodiversidad, el clima y las economías locales de la prospección y posible explotación de hidrocarburos en la costa argentina—, grupos científicos y organizaciones ambientales presentaron ante un Juzgado Federal de Mar del Plata una demanda colectiva contra el Estado argentino, el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Energía en la que solicitan la nulidad de la resolución que autoriza el proyecto de exploración sísmica y el proceso mediante el cual se licitaron las 18 áreas del Mar Argentino. A ello se sumaron protestas en las calles y otras acciones que engrosaron una batalla judicial que no ha terminado. En febrero de 2022, el juzgado suspendió temporalmente la exploración sísmica a través de una medida cautelar. Pero, en diciembre de ese año, la Cámara de Apelaciones levantó la suspensión. Esa decisión fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado al respecto.   Moratoria en riesgo en Belice En octubre de 2017, el gobierno de Belice estableció mediante ley una moratoria permanente a la actividad petrolera en su zona marítima. Ello ocurrió luego de que, en 2012, en un referéndum informal organizado por grupos ambientales, el 96% de las personas participantes se declarara en contra de la actividad petrolera; y de la indignación global que en octubre de 2016 generó la decisión del gobierno de permitir pruebas sísmicas de exploración petrolera a tan solo un kilómetro de distancia de la Barrera de Coral de Belice, uno de los ecosistemas más diversos del mundo.   Sin embargo, la explotación de hidrocarburos offshore todavía es un riesgo para el país caribeño. En 2022, el Primer Ministro manifestó la voluntad del gobierno de permitir la exploración sísmica sin levantar la moratoria. Frente a ello organizaciones dedicadas a la protección ambiental buscan reforzar la prohibición obligando a realizar un referéndum para decidir si se levanta o no la moratoria.   Victoria judicial en Guyana De otro lado, en Guyana, desde principios de la década de 2000 han surgido informes sobre descubrimientos de grandes reservas de petróleo y gas en el mar, en la llamada cuenca Guyana Surinam. Guyana ha sido el país sudamericano con los descubrimientos más grandes de reservas petroleras en la última década y ha decidido expandir sus reservas gasíferas.   La producción de gas offshore en Guyana también ha sido objeto de controversia debido a preocupaciones ambientales y de seguridad. Recientemente, una decisión judicial rechazó el intento de la multinacional ExxonMobil y del gobierno de disolver el compromiso escrito que obliga a la empresa a correr con todos los gastos de limpieza, restauración y compensación de daños por cualquier derrame de petróleo en sus operaciones en alta mar. El juez del caso determinó que ExxonMobil está violando el permiso otorgado al proyecto Liza 1 —el cual exige presentar garantías financieras en caso de derrames y accidentes— y que los reguladores ambientales de Guyana no están haciendo cumplir las condiciones de la autorización.   Defensa de la biodiversidad y el clima Llevar a cabo proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos en el mar puede implicar la vulneración de compromisos internacionales, entre ellos los asumidos por los Estados bajo la Convención de Diversidad Biológica, la Convención sobre Derecho del Mar de la ONU y la Convención sobre Especies Migratorias. La exploración sísmica en el mar genera sonidos de niveles muy superiores a los naturales. Muchos de ellos se solapan con los rangos de audición y vocalización de especies marinas (mamíferos, tortugas, peces, aves buceadoras y otras). Ello puede causar lesiones graves, efectos físicos y fisiológicos a largo plazo e incluso la muerte. Así lo explica Pablo García Borbroglu, experto y líder de la organización Global Penguin Society, quien afirma que la actividad puede derivar además en una reducción de la actividad pesquera. Los impactos de la actividad no se limitan al área explotada, sino que afectan a todo el mar y a todas las especies que lo habitan, agravando la situación de un elevado número de especies bajo amenaza o en peligro de extinción. La expansión de esta industria significa además el incumplimiento de los compromisos de países de la región de reducir sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como de adoptar medidas orientadas al manejo de ecosistemas clave como el marino, contenidos en la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Los casos descritos, que han sumado múltiples y diversas voces, tienen el potencial de establecer precedentes que obliguen a que los Estados se hagan responsables de las posibles consecuencias ambientales y sociales de avalar industrias nocivas como la de hidrocarburos costa afuera. Constituyen oportunidades clave para que los tribunales y otros órganos de toma de decisiones generen precedentes ejemplares para el hemisferio en materia de protección del ambiente y los derechos humanos, especialmente frente a la crisis climática y de biodiversidad que atraviesa el mundo.  

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Sesión 2 de los Seminarios Web del 25 Aniversario de AIDA

Aportes para preservar la biodiversidad y proteger a las comunidades que la resguardan En esta segunda sesión conversamos desde diferentes perspectivas acerca de la situación actual de la biodiversidad en la región y de las comunidades que la cuidan, de las principales amenazas, de las alternativas y oportunidades, así como de las tareas prioritarias y urgentes para atender efectivamente la crisis de biodiversidad y para salvaguardar los derechos de poblaciones indígenas y tradicionales. istasAna Di Pangracio: Directora de Biodiversidad, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina.Robinson Mejía Alonso: Ingeniero forestal y defensor de los derechos humanos y el territorio, Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA), Colombia.Viviana Tinoco Monge, Ministra Consejera, Misión Permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas en Ginebra.Moderación: Claudia Velarde y María José González-Bernat, Coordinadoras del Programa de Ecosistemas, AIDA. Grabación 

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Foto submarina de un pez en aguas de México
Océanos

¿Por qué México debe ratificar el Acuerdo de Subvenciones a la Pesca?

Texto publicado originalmente en Animal Político.   Con sus 11 mil kilómetros de litoral, México ocupa la cuarta posición en producción pesquera en el hemisferio. Pero la contaminación, la pesca ilegal, la sobrepesca y la crisis climática —entre otros factores— están deteriorando la salud de las pesquerías del país. No todo está perdido. Aunque las existencias se siguen reduciendo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)­ —en su informe más reciente (2022)— estima que la captura mundial pesquera tendrá una recuperación favorable como resultado de mejoras en las medidas de manejo. Estas medidas incluyen la eliminación de las subvenciones, que son contribuciones financieras de fondos gubernamentales, directas o indirectas, que proporcionan algún beneficio dirigido a la obtención de mayores ganancias. Sin embargo, en tal distorsión económica, no se consideran los costos externos. No todas las subvenciones son malas. La investigación científica, explotación responsable y la transparencia pesquera son algunos ejemplos de contribuciones positivas a la pesca. En junio del año pasado, 164 países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobaron el Acuerdo de Subvenciones a la Pesca, asumiendo como compromiso eliminar todos aquellos beneficios económicos que contribuyan a la sobrepesca y a la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Para que este compromiso internacional entre en vigor, se requiere que 105 países secunden con su ratificación a Suiza, Singapur, Seychelles, Estados Unidos y Canadá. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obliga a los tres países a eliminar las subvenciones con efecto negativo para la sustentabilidad de las existencias (stocks) y/o que promuevan la pesca ilegal. En ese texto, la región norteamericana expresa su voluntad política para fortalecer la transparencia en el otorgamiento de las subvenciones, así como para fortalecer las reglas internacionales ante la propia OMC. Además, México se unió al de Alto Nivel por una Economía Oceánica Sostenible en 2021 y un año después publicó la Estrategia de Instrumentación 2021–2024, por lo que recalca el interés que tiene para buscar la protección del océano y su biodiversidad, combatir la pesca ilegal y fortalecer los sistemas de información pesquera. Por ello, la ratificación del Acuerdo de la OMC por parte de México significa una confirmación de la disposición del país para colaborar con la comunidad internacional en este tema. Asimismo, dicha acción conlleva un reconocimiento del liderazgo del bloque latinoamericano, ya que puede convertirse en el primer país de la región en comprometerse mundialmente con la protección del océano y de las poblaciones pesqueras, así como con el mejoramiento de sus políticas pesqueras. No menos importante es que, con la ratificación del acuerdo, el país también puede cambiar la percepción externa debido a que en tiempos recientes ha sido cuestionado por algunas políticas pesqueras ineficientes para combatir la pesca ilegal. Por ejemplo, en el caso de la totoaba, la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) sancionó comercialmente a México por no haber protegido a la especie. Por todas estas razones, y en virtud de que el Acuerdo de Subvenciones a la Pesca no implica mayores obligaciones que las ya contenidas en el T-MEC, su ratificación por parte de México traería varios resultados positivos para el sector pesquero y para el país entero.  

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Tribunal de Valdivia deja sin efecto Resolución de Calificación Ambiental del centro de cultivo de salmones “Leucotón” en la Reserva Nacional Kawésqar

El proyecto pretendía producir 5.800 toneladas de salmones al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, en una concesión de 13,9 hectáreas, mediante la utilización de 16 balsas jaulas cuadradas, de 40 x 40 x 15 metros. La reclamación contó con el apoyo de las ONG FIMA, AIDA y Greenpeace.   El Tribunal Ambiental de Valdivia acogió la reclamación interpuesta hace un año por las “Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar”, habitantes de la Región de Magallanes, defensores y organizaciones ambientales por la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del centro de cultivo de salmones "Leucotón", del titular Inversiones Pelicano XII SpA, dentro de la Reserva Nacional Kawésqar. "Esta es una sentencia de muchas, que dejan en claro que los proyectos salmoneros que pretenden instalarse en la Reserva Nacional Kawésqar se encuentran mal evaluados, las empresas continúan subestimando impactos y omitiendo información esencial. Esto es grave de por sí, pero aún más en este caso, ya que se trata de un área protegida con ecosistemas únicos en el mundo en cuyo interior debiera simplemente prohibirse la instalación de este tipo de proyectos", indica Macarena Martinic, coordinadora de a la Justicia de ONG FIMA. El tribunal señaló que el Servicio de Evaluación Ambiental Regional incurrió en una ilegalidad al no evaluar los impactos sinérgicos que el proyecto podría causar, tanto en el paisaje de la Reserva como en el medio marino, debido a la dispersión de contaminantes y la actividad de navegación, considerando la existencia de otros proyectos colindantes al interior de la Reserva:  los centros de engorda de salmones "Estero Pérez de Arce" y "Colo Colo", ambas del titular Acuícola Cordillera. "L​os impactos de la salmonicultura deben evaluarse en su conjunto, sobre todo cuando varios centros operan simultáneamente en fiordos y canales, donde el bajo recambio de agua no da para que el ecosistema marino pueda soportar la carga que se le impone", explica Florencia Ortúzar, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Dejar de considerar los daños sinérgicos es gravísimo, pues los efectos negativos de sobrecargar el ambiente son muy difíciles de revertir y llevan a la generación de zonas muertas en el mar”. Desde Greenpeace, Estefanía González, coordinadora de Campañas, comentó: "Celebramos este nuevo triunfo en tribunales que demuestra que la industria salmonera no cumple con los estándares mínimos para la correcta evaluación del impacto ambiental de su instalación, insistiendo en desestimar el gran daño que generan. Es un triunfo de las comunidades locales que se han mantenido firmes exigiendo que el mar de la región no se transforme en una nueva zona de sacrificio". Datos La decisión se suma a sentencias previas del Tribunal Ambiental, que dejaron sin efecto las RCA de la empresa Nova Austral para relocalizar sus centros de cultivo dentro de la Reserva Nacional Kawésqar. Existen 133 concesiones aprobadas en toda la Región de Magallanes y 85 en trámite. De éstas, 68 concesiones aprobadas y 57 en trámite están en la Reserva Nacional Kawésqar. El 50% de las concesiones de salmonicultura operando en la Región de Magallanes ha presentado condiciones anaeróbicas, es decir, pérdida parcial o total de oxígeno, lo que afecta las condiciones de vida de toda la biodiversidad presente. El 43% de las concesiones aprobadas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar han presentado condiciones de anaerobia en el marco de sus operaciones. o de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Semarnat comete desacato al incumplir sentencia de la Suprema Corte para la ampliación del puerto de Veracruz

La Semarnat otorgó una nueva Autorización de Impacto Ambiental, fragmentando nuevamente el proyecto y sin evaluar impactos sinérgicos y acumulativos, como ordenó la SCJN, invisibilizando así nuevamente los riesgos que implica el proyecto. La autorización abarca la construcción del rompeolas oriente con una longitud de 3,500 metros, que pone en riesgo a los arrecifes del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) y del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. La sentencia de la Corte significó un avance sustancial para la defensa de los arrecifes y sentó un precedente sobre la forma en que debe realizarse el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA). Organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a la autoridad judicial para NO permitir la ejecución de las Autorizaciones de Impacto Ambiental otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para ampliar el puerto de Veracruz sin antes haber revisado su constitucionalidad a la vista de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de febrero del 2022 (1) que establece los criterios para una evaluación de impacto ambiental que cumpla con el derecho a un medio ambiente sano (2). El 9 de febrero del 2022, residentes veracruzanos lograron una victoria histórica para la defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), los ecosistemas en la zona de influencia y sus servicios ambientales frente al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Por unanimidad, en dicha fecha, las y los ministros que integran la Primera Sala de la SCJN resolvieron otorgar el amparo reclamado, sentando también un importante precedente sobre la operación del PEIA: la SCJN determinó que los proyectos deben ser evaluados de manera completa y holística, así como hacer uso de la mejor ciencia disponible. Como parte de la ejecución de esta sentencia, el 31 de marzo 2022 la Semarnat dejó insubsistentes las autorizaciones que se habían otorgado vinculadas a la Ampliación del Puerto y empezó a trabajar en un Método para la Identificación de impactos sinérgicos y residuales. Sin embargo, el pasado 30 de diciembre la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat volvió a autorizar de manera condicionada la ampliación del Puerto de Veracruz (3), nuevamente de manera fragmentada, sin una adecuada integración de la información con uso de la mejor ciencia disponible y sin posibilitar la participación de las personas. Esto significa que Semarnat autorizó el mismo proyecto sobre el cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido ya una sentencia. Con esta autorización, la Semarnat incumplió con su deber de proteger el derecho al medio ambiente sano bajo el estándar más alto de protección, al mismo tiempo que incumplió con el fallo de la SCJN. La autorización otorgada en diciembre del 2022 por Semarnat presenta los mismos defectos que la autorización otorgada en 2013 e incluso agravó la situación, pues en esta ocasión no se garantizó la participación de las personas de los entornos adyacentes. En esta nueva autorización, la istración del Sistema Portuario de Veracruz, S.A. de C.V. (Asipona Veracruz-) -promovente del proyecto de ampliación-, no presentó una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con los elementos requeridos por la SCJN, sino que fue la Semarnat quien recabó la información de las MIA que fueron anuladas y agregó algunas fuentes adicionales sin un análisis integral de los impactos al socioecosistema, lo cual resulta insuficiente para cumplir con los estándares definidos por la Corte. Para haber cumplido satisfactoriamente con lo estipulado por la SCJN en su sentencia, Asipona Veracruz debió haber realizado una NUEVA y ÚNICA Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación del Puerto en la cual se reconociera el verdadero Sistema Ambiental Regional (SAR) donde se inserta el proyecto, y que considerara todos y cada uno de los elementos del proyecto (bancos de roca, libramientos ferroviarios, zonas de logística, terminal portuaria, etc.). Asimismo, debió realizar las publicaciones que ordena la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en periódicos y en Gaceta Ecológica, a fin de garantizar el a la información y la participación de las personas. A pesar de que, entre el 31 de marzo y el 12 de abril del 2022, la Semarnat y su delegación en el estado de Veracruz dejaron sin efecto 15 proyectos relacionados con el puerto de Veracruz, así como sus modificaciones, dejando un total de 25 oficios de autorización o modificación sin efectos, en esta nueva autorización, sólo se consideraron 10 proyectos. Incluso dejaron fuera los bancos de extracción de materiales como el de roca basáltica en Balzapote por considerar que "no está dentro de la poligonal del nuevo Sistema Ambiental Regional". Esto, a pesar de que la sentencia señala que todos los impactos que tengan que ver con un proyecto se tienen que evaluar en conjunto y de manera integral. El mismo documento de Autorización de Impacto Ambiental de Semarnat señala que nueve proyectos adicionales al denominado "Ampliación del Puerto de Veracruz" serán sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental, lo que muestra una vez más una clara intención de evaluar de forma fragmentada, práctica prohibida ya por la SCJN, lo cual constituye también un incumplimiento de la sentencia. Dado que la Semarnat NO emitió una nueva resolución que tomara en cuenta todos los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales del proyecto, ha incumplido una sentencia de la SCJN, ha violentado nuevamente el derecho al medio ambiente sano de las personas que viven en la conurbación de Veracruz-Boca del Río-Medellín y ha revictimizado a las personas que solicitaron el amparo. Esta autorización implica graves riesgos para los arrecifes del PNSAV, el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México y las personas que dependen de sus beneficios. Por todo lo anterior, reiteramos nuestro llamado al Juez de Distrito para que en el momento procesal oportuno califique como incumplida la sentencia emitida por la Suprema Corte en torno a la Autorización de Impacto Ambiental otorgada al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Asimismo, invitamos a organizaciones, defensores del territorio y la ciudadanía en general sumarse a la exigencia de que el Congreso de la Unión reforme el PEIA a la luz del Acuerdo de Escazú y del fallo de la SCJN, en concreto se requiere: Garantizar un análisis y evaluación integral de los proyectos, a fin de que éstos dejen de presentarse de forma fragmentada pues ello impide evaluar la totalidad de los impactos sobre los ecosistemas. Utilizar la mejor información científica disponible. Garantizar la participación de las personas en la toma De decisiones ambientales.   Organizaciones firmantes Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Pronatura Veracruz A.C. Gente Sustentable A.C. Sendas A.C. Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres (PUCARL) (1) Sentencia recaída al amparo en revisión 54/2021. (2) Ver: https://www.cemda.org.mx/publicaciones-y-estudios-del-cemda/sentencia-de-la-scjn-en-torno-a-las-obras-de- ampliacion-del-puerto-de-veracruz/ (3) Clave del proyecto 30VE2013V0029. o de prensa: Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107  

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Compromisos con la conservación marina: Un balance de "Nuestro Océano 2023"

"Nuestro océano, nuestra conexión". Ese fue el lema de la octava Conferencia "Nuestro Océano (Our Ocean) 2023", realizada el pasado 2 y 3 de marzo en Panamá, el primer país latinoamericano en ser sede del evento anual. La conferencia comenzó en 2014 como una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos para dirigir atención internacional a las graves amenazas para el océano a nivel mundial y lograr compromisos de medidas concretas para la conservación marina y el desarrollo sostenible. El evento reunió a jefes de Estado y a representantes del sector privado, la sociedad civil e instituciones académicas bajo el objetivo específico de poner de relieve la urgencia de implementar medidas de gestión efectivas por áreas, como parte de sistemas interconectados, incluyendo las áreas marinas protegidas, el desarrollo de una economía azul a nivel mundial y el planteamiento de soluciones innovadoras a la contaminación marina. Una delegación de AIDA asistió a la conferencia y participó en las sesiones plenarias y eventos paralelos. A continuación, presento un balance del evento.   Lo inspirador El enfoque de la conferencia "Nuestro Océano" no es un espacio para compartir conocimiento acerca de este vasto ecosistema y su biodiversidad. La comunidad ambientalista ya sabe a ciencia cierta que el océano debe ser protegido efectivamente cuanto antes y que no es necesario presentar más evidencia respecto de los múltiples servicios que por siglos ha brindado a la humanidad. La conferencia reunió a mandatarios y ministros con el propósito de avanzar acuerdos internacionales y presionar a las naciones a comprometerse a tomar las medidas necesarias para proteger el océano. El poder de una generación La voz de la juventud destacó durante toda la conferencia, representada por ejemplo por más de 70 integrantes de la Sustainable Ocean Alliance (SOA), que desde 2014 ha construido la mayor red mundial de nuevas generaciones de personas que trabajan para crear soluciones a los retos más grandes del océano. Escuchar a líderes y lideresas juveniles hablar apasionadamente de la importancia de cuidar el planeta para las generaciones que están por venir fue esperanzador. Como la integrante más joven de AIDA, encontré inspiración al conocer a otros/as jóvenes abogando por el océano y su biodiversidad. En mi trabajo diario estoy rodeada de cifras y noticias acerca del daño que la humanidad le ha causado al océano y ser parte de esta conferencia me ayudó a ver la otra cara de la moneda. Quienes trabajamos activamente por un océano más sano, limpio y protegido somos parte del cambio y, en buena parte, es gracias a nosotros/as que altos funcionarios se han detenido a ver la evidencia y a tomar acciones concretas. Es esta generación la que heredará la gestión de la crisis ecológica, cuya voz merece ser reflejada en compromisos para mejorar la forma en que nos relacionamos con el océano.   Lo positivo El respaldo a la defensa del fondo marino AIDA fue coanfitrión de un evento paralelo sobre minería en aguas profundas con la tarea nada sencilla de congregar a personas tomadoras de decisión para respaldar la moratoria a esa actividad y la protección del fondo marino. Gracias al impulso del grupo de coorganizadores —entre ellos jóvenes de Comms Inc, The Oxygen Project, Only One y SOA— el evento contó con la presencia del presidente de Palau, Surangel Whipps Jr., y del primer ministro de Fiji, Sitiveni Rabuka. Representantes de alto nivel de países de América Latina y Europa también asistieron. El evento fue un espacio de diálogo entre la sociedad civil y las autoridades invitadas en el que hubo compromisos esperanzadores, entre ellos el de Francia de invertir en investigación científica del fondo marino y detener las inversiones en procesos industriales relacionados con la minería en aguas profundas, secundado por Alemania. La mundialmente reconocida oceanógrafa Sylvia Earle emocionó con su amor por el océano y su compromiso imperecedero con su protección. Quienes asistieron, reafirmaron su compromiso con la moratoria y con la búsqueda de alternativas. Compromisos con la biodiversidad marina En general, la conferencia facilitó una plataforma única para que varias naciones hicieran compromisos valiosos. Las delegaciones de gobierno participantes asumieron 341 compromisos por un valor de casi 20.000 millones de dólares, incluidos fondos para ampliar y mejorar áreas marinas protegidas y corredores de biodiversidad. En América Latina, Panamá anunció la expansión de Banco Volcán, una reserva marina en el Caribe que pasará de 14,212 km2 a 93,000 km2. Con ello, ese país estará resguardando 54% de su zona económica exclusiva, cumpliendo el objetivo de proteger el 30% de su territorio para 2030. Y Ecuador se comprometió a proteger sus primeras ochenta millas náuticas (14,800 km2), permitiendo únicamente pesca artesanal. Esta decisión posiciona a Ecuador como un líder latinoamericano en la conservación marina y el manejo sostenible de recursos naturales. Ecuador hizo un llamado a los demás países que conforman el Corredor Marino del Pacífico —Costa Rica, Panamá y Colombia— a tomar medidas similares para preservar uno de los puntos más biodiversos del océano.   Lo que sigue Ahora se espera que las naciones cumplan con los compromisos anunciados. En la región, Panamá y Ecuador deberán ampliar sus territorios protegidos, asegurando un monitoreo adecuado de la biodiversidad y un manejo sostenible de los recursos. De igual forma, se espera que los países del Pacífico, América Latina y la Unión Europea que declararon su respaldo a frenar la explotación minera de los fondos marinos continúen con acciones coherentes a esa postura, incluyendo una participación activa en las reuniones de la Autoridad de Fondos Marinos, apoyando la moratoria o la pausa precautoria a la actividad extractiva. Aunque sin duda queda un largo camino por recorrer, cada decisión anunciada en la conferencia en favor de la preservación de la biodiversidad marina brinda un poco de esperanza y motivación para nuestro trabajo. Seguiremos colaborando con gobiernos y comunidades para preservar el océano, el ecosistema más amplio y diverso del planeta.  

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Océanos

Se logra un acuerdo para avanzar en el Tratado de Alta Mar

Se acordó un nuevo tratado para proteger la mitad del planeta, pero todavía se requiere su adopción formal.   Al final de la tarde de hoy, los gobiernos reunidos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York llegaron a un acuerdo acerca de las principales cuestiones de fondo para un tratado que proteja la vida marina en alta mar. Para garantizar que este avance duramente alcanzado no se pierda, la High Seas Alliance (Alianza de Alta Mar) hace un llamado para que la ONU concluya cuanto antes los trámites de adopción en la última sesión reanudada. "Tras una montaña rusa de dos semanas de negociaciones y esfuerzos de superhéroe en las últimas 48 horas, los gobiernos han llegado a un acuerdo acerca de cuestiones clave que permitirán avanzar en la protección y mejor gestión de la biodiversidad marina en alta mar", dijo Rebecca Hubbard, directora de la High Seas Alliance. Alta mar, la zona del océano situada más allá de las aguas nacionales de los países, es el mayor hábitat de la Tierra y el hogar de millones de especies. Con poco más del 1% de las aguas de alta mar protegidas actualmente, el nuevo tratado proporcionará una vía para establecer zonas marinas protegidas en esas aguas. También es una herramienta clave para ayudar a cumplir el objetivo, acordado recientemente en Kunming-Montreal, de proteger al menos el 30% del océano a nivel mundial para 2030: el nivel mínimo de protección que los científicos advierten que es necesario para garantizar la salud del océano. Pero el tiempo apremia. El nuevo tratado traerá la gobernanza del océano al siglo XXI, incluyendo el establecimiento de requisitos modernos para evaluar y gestionar las actividades humanas planificadas que podrían afectar la vida marina en alta mar, así como garantizar una mayor transparencia. Esto reforzará en gran medida el manejo efectivo de la pesca, el transporte marítimo y de otras actividades que han contribuido al deterioro general de la salud del océano. La cuestión del financiamiento suficiente para la implementación del tratado, así como las cuestiones de equidad en torno al reparto de los beneficios de los recursos genéticos marinos, fue uno de los principales puntos de fricción entre el Norte y el Sur a lo largo de la reunión. Sin embargo, justo en las últimas horas, los gobiernos lograron un acuerdo que estableció una distribución equitativa de estos beneficios, lo de aguas profundas y los de alta mar. "El viaje para llegar a un tratado ha sido muy largo. Esperamos que los 52 Estados que conforman la Coalición de Alta Ambición lideren su adopción y ratificación, así como la identificación de áreas importantes de protección en alta mar", dijo Hubbard. Citas de de LA HIGH SEAS ALLIANCE Gladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): “Los gobiernos han dado un paso importante que fortalece la protección legal de dos terceras partes del océano y con ello de la biodiversidad marina, los medios de vida de comunidades costeras y la soberanía alimentaria mundial. El acuerdo marca una ruta para establecer áreas de gran y plena protección en alta mar, así como para la evaluación ambiental de proyectos y actividades que puedan dañar esa vasta zona”.   Laura Meller, campañista de océanos, Greenpeace Nordic: "Es un día histórico para la conservación y una señal de que, en un mundo dividido, la protección de la naturaleza y de las personas puede triunfar sobre la geopolítica. Celebramos que los países hayan buscado compromisos, hayan dejado de lado sus diferencias y hayan logrado un Tratado que nos permitirá proteger los océanos, aumentar nuestra resiliencia al cambio climático y salvaguardar las vidas y los medios de subsistencia de miles de millones de personas. Por fin podemos pasar de las palabras al cambio real en el mar. Los países deben adoptar formalmente el tratado y ratificarlo lo antes posible para que entre en vigor, y entonces conseguir los santuarios oceánicos totalmente protegidos que nuestro planeta necesita. El reloj sigue corriendo para cumplir el 30x30. Nos queda media década y no podemos descuidarnos".   Matthew Collis, Vicepresidente Adjunto de Política, IFAW: "El acuerdo de un nuevo tratado para conservar alta mar es una maravillosa manera de celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre para la fauna marina y para su hogar en alta mar. IFAW felicita a los gobiernos por este importante paso, que marca el rumbo para proteger el 30% de los océanos de aquí a 2030. Para lograr el 30x30, los gobiernos deben adoptar, ratificar e implementar sin demora el nuevo tratado sin demora".   Minna Epps, directora del Programa Global Marino y Polar, UICN: "El Tratado de Alta Mar abre el camino para que la humanidad proteja al fin la vida marina en nuestro único océano. Su adopción llena vacíos esenciales del derecho internacional y ofrece un marco para que los gobiernos colaboren en la protección de la salud del océano a nivel mundial, la resiliencia al cambio climático, el bienestar socioeconómico y la seguridad alimentaria de miles de millones de personas".   Lance Morgan, presidente, Marine Conservation Institute: "Siguiendo los pasos del Marco Mundial para la Biodiversidad, este acuerdo histórico es un paso enorme para garantizar zonas marinas protegidas en alta mar y alcanzar el 30x30".   Lisa Speer, directora del Programa Internacional del Océano, Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC): “Este texto sienta las bases para proteger puntos clave de biodiversidad en alta mar. Ahora tenemos una vía para alcanzar el objetivo de proteger de forma significativa al menos el 30% de los océanos para 2030, un objetivo que, según los científicos, es crucial para mantener la salud del océano frente al calentamiento, la acidificación y otros impactos del cambio climático. Empecemos ya".   Fabienne McLellan, directora general, OceanCare: "Este tratado cambiará las reglas del juego, algo que el océano necesita urgentemente. Acogemos particularmente los elementos centrados en la conservación, como las evaluaciones de impacto ambiental (EIA). Las EIA son uno de los mecanismos más efectivos e importantes para evitar, mitigar y gestionar las actividades perjudiciales en los casos en que se produzcan daños graves para la vida marina debido, por ejemplo, a la contaminación acústica submarina. Aunque abogamos por una mayor ambición en las disposiciones acerca de EIA, estos requisitos reforzarán la conservación del océano".   Susanna Fuller, Vicepresidenta de Conservación y Proyectos, Oceans North: "Tras el Acuerdo de Montreal-Kunming, que establece una ruta mundial para la protección de la biodiversidad, este tratado aportará una ambición similar para alta mar. Dado que las aguas canadienses están delimitadas por tres cuencas oceánicas internacionales, Canadá tiene un papel fundamental a la hora de garantizar la implementación del tratado, una vez adoptado formalmente".   Liz Karan, directora del Proyecto de Gobernanza Oceánica, Pew: "La implementación efectiva de este tratado histórico es la única vía para salvaguardar la biodiversidad de alta mar para las generaciones futuras y ofrece a los países una ruta para cumplir el objetivo de 30x30. Los gobiernos y la sociedad civil deben garantizar ahora que el acuerdo sea adoptado y entre rápidamente en vigor".   Christopher Chin, director ejecutivo, The Center for Oceanic Awareness, Research, and Education (COARE): "Con este texto finalizado, el mundo está mucho más cerca de asumir la importancia de alta mar y de alcanzar los objetivos 30x30. Sin embargo, una vez adoptado, los Estados deben ratificar el tratado y les pedimos que lo hagan lo antes posible".   Andrew Deutz, director de Política Global, Instituciones y Financiación de la Conservación, The Nature Conservancy: "Aunque el tratado es susceptible de mejorar, debemos celebrar el hecho de que —tras más de una década de debates y tres intentos concertados de sacarlo adelante— por fin tenemos un marco mundial para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de casi la mitad de la superficie de nuestro planeta. Que esto haya llegado a tiempo para frenar la acelerada crisis ecológica en nuestro océano dependerá de la rapidez con que los países puedan ratificar el tratado a nivel nacional y empezar a incorporar ambiciones como el 30x30 en su propia toma de decisiones como en la de los organismos mundiales que gestionan la actividad humana en alta mar. Si pueden hacerlo pronto, poniendo a las personas y al planeta por encima de la política, puede que tengamos la oportunidad de ir más allá del dañino statu quo y entrar en una nueva era de gestión positiva de la naturaleza para estos ecosistemas tan cruciales".   Farah Obaidullah, Defensora del Océano y fundadora, Women4Oceans: "Este es un momento histórico para la humanidad y para la protección de todos los seres vivos de nuestro océano a nivel mundial. Un momento de esperanza único y bien recibido para quienes estamos legítimamente preocupados/as por la situación del mundo. Casi la mitad de nuestro planeta tendrá ahora la posibilidad de algún tipo de protección frente a las cada vez mayores agresiones contra el océano. Este tratado llega en el momento oportuno. Con el recrudecimiento de la crisis climática y de la crisis de la vida silvestres, y con la aparición en el horizonte de una nueva y temeraria industria de explotación minera de los fondos marinos, no podemos permitirnos ningún retraso en la entrada en vigor de este tratado". os de prensa: Patricia Roy (Europa), +34 696 905 907 Michael Crocker (EE. UU.), +1 (207) 522-1366  Mirella von Lindenfels, + 44 7717 844 352 Julio Whalen-Valeriano (ONU), +1 (850) 292-4689  

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