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La Conferencia Internacional sobre el Océano concluye con el Tratado de Alta Mar a punto de entrar en vigor
Niza, Francia. La 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano concluyó hoy con un paso histórico hacia una mayor protección de alta mar. Con el depósito de las ratificaciones de otros 19 países, el número total de los que cuentan para la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar asciende a 50. Solo se necesitan 10 más para cruzar el umbral crítico de 60 países que permitiría la entrada en vigor del Tratado.Varios países han manifestado su intención de depositar sus instrumentos de ratificación en la ONU en breve. No tienen la obligación de esperar a la reunión de la Asamblea General de la ONU de septiembre, lo que podría significar que la entrada en vigor del tratado se activaría en las próximas semanas."El camino hacia un tratado de alta mar ha sido casi tan largo como las grandes migraciones de ballenas, tiburones y tortugas, pero la oleada de nuevas ratificaciones en la Conferencia de la ONU sobre el Océano demuestra que estamos en la recta final", declaró Matthew Collis, Director Principal de Políticas del Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales.Además del aumento de las ratificaciones, también se incrementó el número de países firmantes del tratado. A lo largo de la semana, otros 20 países añadieron sus firmas, con lo que el número total asciende a 136. Se trata de una señal alentadora, ya que la ratificación generalizada será crucial para garantizar la plena eficacia del tratado.Rebecca Hubbard, Directora de la Alianza de Alta Mar, subrayó la urgencia de mantener el impulso: "Debemos mantener el pie en el acelerador de #RaceForRatification. El poder del tratado radica en el número de países que se adhieran, así que mientras celebramos este increíble progreso, instamos a todas las naciones restantes a ratificar sin demora y ayudar a impulsar este tratado más allá de los primeros 60 para convertirlo en una verdadera fuerza global para la protección del océano".Alrededor de 60 Jefes de Estado y de gobierno asistieron a la reunión, lo que refleja una significativa atención de alto nivel a la difícil situación del océano. El impulso a la ratificación del Tratado de Alta Mar demostró lo que es posible cuando el mundo se une con urgencia y determinación."La entrada en vigor y la implementación del Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés) es un hito para salvaguardar el océano como nuestro mayor bien común, una oportunidad para lograr equidad y justicia para todas las naciones, así como para empoderar a regiones como América Latina en la definición de acciones que pueden dar forma a un futuro justo y sostenible para todos", dijo María José González-Bernat, co-directora del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).La atención se centra ahora en cómo se implementará el tratado una vez que entre en vigor. A principios de esta semana se hicieron varios anuncios importantes, como el relanzamiento de la Coalición de Alta Ambición de BBNJ y la asignación de 10 millones de euros a través del Programa Mundial de los Océanos de la UE, dotado con 40 millones de euros, para brindar asistencia técnica a los países en desarrollo, tanto para la ratificación como para la implementación. La filantropía privada también aumentó su contribución, con la Fundación Minderoo comprometiendo 6,5 millones de dólares adicionales para apoyar la protección de alta mar y con la confirmación del financiamiento para una secretaría de la iniciativa "First Movers", que ayudará a impulsar las primeras propuestas para áreas marinas protegidas en alta mar.El foco también está en la creación de órganos y procesos sólidos en el marco del tratado para garantizar su funcionamiento eficaz, así como en la identificación de lugares críticos de alta mar para su protección una vez que el tratado sea operativo, a través de un proceso en curso de la Comisión Preparatoria en las Naciones Unidas. En la conferencia también se expusieron los esfuerzos realizados para presentar propuestas de AMP en alta mar en el marco del tratado, perfilando una serie de zonas como las cordilleras de Salas y Gómez y Nazca, la elevación de Lord Howe y el mar de Tasmania meridional, el Océano Índico occidental subantártico y el Domo Térmico en el Pacífico oriental."Aunque la carrera hacia la ratificación llegará pronto a su fin, el duro trabajo para implementar plenamente el tratado está a punto de comenzar. La protección y gestión sostenible de la alta mar —el 50% del planeta— no puede llegar lo suficientemente pronto. La inclusión de los sistemas de conocimiento indígenas y locales en el Tratado BBNJ sienta nuevas bases de gobernanza del océano sobre cómo y para quién se aplica este tratado", declaró Ernesto Fernández Monge, Director Internacional de Océanos de Oceans North.Notas para el editorHasta el viernes 13 de junio, a las 14:00 CET, 19 países habían depositado instrumentos de ratificación adicionales en la ONU durante la conferencia y 20 países más habían firmado el tratado, indicando su intención de ratificarlo.Países adicionales que ratificaron durante la UNOC: Albania, Bahamas, Bélgica, Croacia, Costa de Marfil, Dinamarca, Fiyi, Malta, Mauritania, Vanuatu, Grecia, Guinea-Bissau, Indonesia, Jamaica, Jordania, Liberia, Islas Salomón, Tuvalu y Vietnam.La Unión Europea depositó su instrumento de ratificación el 28 de mayo de 2025. Sin embargo, como organización de integración económica regional, su ratificación no cuenta para el total, solo las ratificaciones de sus Estados individuales.Otros países que firmaron durante la UNOC son: Andorra, Armenia, Burundi, Camboya, Guinea Ecuatorial, Guinea, Guinea Bissau, Jordania, Líbano, Lesoto, Montenegro, Niue, Macedonia del Norte, Papúa Nueva Guinea, Perú, Senegal, Serbia, Sudáfrica, Saint Kitts y Nevis y Yemen.El Tratado de Alta Mar se denomina formalmente Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés).La Alianza de Alta Mar (HSA) utiliza a veces el término "Tratado de Alta Mar" para referirse al Acuerdo BBNJ. La HSA reconoce que el ámbito de aplicación del Acuerdo BBNJ abarca todas las zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales, incluidos los fondos marinos y la columna de agua. Esta elección de la redacción pretende facilitar la comprensión a un público amplio y no transmite una priorización entre los componentes o principios del Acuerdo BBNJ.El estado oficial de las firmas y ratificaciones puede consultarse en el sitio web de la ONU y en el rastreador de ratificaciones de la Alianza de Alta Mar. Nota: El número que figura en el rastreador de la Alianza de Alta Mar refleja únicamente las ratificaciones que cuentan para la entrada en vigor y no incluye la ratificación de la UE, por lo que difiere del recuento total de la ONU.El tratado entra en vigor 120 días después de que se haya depositado en la ONU el sexagésimo instrumento de ratificación.Para más información sobre la Coalición de Gran Ambición de BBNJ.Para más información sobre el Programa Mundial de los Océanos de la UE.En la ONU se están celebrando una serie de sesiones de la Comisión Preparatoria (PrepCom) para acordar las distintas instituciones y procesos que se enmarcarán en el tratado. La primera de estas sesiones tuvo lugar en abril de 2025, la segunda se celebrará del 18 al 29 de agosto de 2025 y es probable que la tercera tenga lugar a principios de 2026. La forma en que se estructuren y funcionen estas instituciones determinará la eficacia a largo plazo del tratado y la rapidez con que la ambición mundial pueda traducirse en resultados tangibles para la protección del océano, incluido el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar.Citas de de la Alianza de Alta Mar-RISE UP: "La oleada de ratificaciones del Tratado de Alta Mar en la ONUC 3 marca un paso importante hacia un futuro oceánico próspero, acercándonos a la protección de nuestro patrimonio oceánico compartido. Su implementación debe estar impulsada no solo por la ciencia y las políticas, sino también por el liderazgo y la sabiduría de los pueblos indígenas y los poseedores de conocimientos tradicionales. Esto es justicia oceánica en acción", Flora McMorrin, Directora de RISE UP.-The Ocean Race: "En The Ocean Race nos complace convertirnos en Amigos de la Alianza de Alta Mar, reconociendo la vital alineación en nuestra carrera conjunta por el océano. Esperamos colaborar para ayudar a la implementación del Tratado de Alta Mar, trabajando hacia el objetivo 30x30 e impulsando campañas cruciales para la salud de los océanos", Richard Brisius, Presidente, The Ocean Race.-ability.Fish: "Un hito en la historia de la gobernanza sostenible de los océanos. Con el apoyo suficiente para implementar el Acuerdo BBNJ en poco tiempo, Niza ha impulsado el compromiso internacional con la preservación de la biodiversidad en alta mar", Steven Adolf, Asesor Principal de ability.Fish.-AIDA: "La entrada en vigor y la implementación del Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés) es un hito para salvaguardar el océano como nuestro bien común, una oportunidad para lograr equidad y justicia para todas las naciones, así como para empoderar a regiones como América Latina en la definición de acciones que puedan forjar un futuro justo y sostenible para todos", María José González-Bernat, codirectora del Programa de Ecosistemas de AIDA.-BirdLife International: "Como miembro de la Alianza de Alta Mar, BirdLife International está preparada para aportar la ciencia, las herramientas y la acción global y local para construir un tratado sólido de alta mar. En la ONUC, nos comprometemos a identificar las áreas más importantes en el 100 % de las rutas migratorias oceánicas hasta 2030. Este es un elemento clave para el éxito del tratado de alta mar. Hacemos un llamado a los gobiernos para que se unan para salvar nuestro océano y envíen una señal contundente desde Niza al mundo", Martin Harper, Director Ejecutivo de BirdLife International.-Global Choices: "Global Choices felicita a la Alianza de Alta Mar por impulsar el aumento de ratificaciones del Acuerdo BBNJ y nos sumamos al llamado para una implementación urgente, completa y significativa del Acuerdo. Para nuestra labor de colaboración en la protección del Océano Ártico Central, un Área Fuera de la Jurisdicción Nacional, los estándares mejorados de las Evaluaciones de Impacto Ambiental del Acuerdo BBNJ serán especialmente beneficiosos para mejorar la prevención de daños a este bioma tan frágil y único", Inge Relph, Directora Ejecutiva y Cofundadora de Global Choices.-OceanCare: "Durante la última semana, hemos presenciado una impresionante ola de ratificaciones. Si bien este es un hito importante, es solo el comienzo. El verdadero trabajo reside en la implementación, y la verdadera prueba será si el Acuerdo genera beneficios tangibles para los ecosistemas marinos. El éxito dependerá de acuerdos institucionales sólidos, financiación adecuada, desarrollo de capacidades y una cooperación genuina entre los Estados y las partes interesadas. Debemos aprovechar el impulso generado por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano y actuar con rapidez: la salud de nuestro océano está en juego", Fabienne McLellan, Directora General de OceanCare.-Fundación Alemana para el Océano: "La Fundación Alemana para el Océano celebra el creciente número de Estados que han ratificado el Acuerdo BBNJ e insta a otros Estados, en particular al gobierno alemán, a priorizar la ratificación, para que este tratado alcance su verdadero potencial como catalizador para la protección significativa y duradera de la alta mar, tal como está diseñado", Frank Schweikert, Director de la Fundación Alemana para el Océano.-Campaña por la Naturaleza: "Pasar de 31 a 50 ratificaciones de países en tan solo unos días es un logro notable. Ahora debemos aprovechar este impulso y asegurarnos de alcanzar la cifra mágica de 60 antes de la Asamblea General de la ONU que se reúne en septiembre en Nueva York. Todos los países deberían aspirar a estar entre estos 60 primeros en los próximos tres meses", Adrian Gahan, Líder de Océanos de Campaña por la Naturaleza.-Fundación MarViva: "La ONUC presentó una oportunidad única para fortalecer el impulso en torno a la protección de alta mar. Esperamos seguir trabajando junto con los gobiernos y las organizaciones asociadas de la Alianza de Alta Mar para garantizar la implementación del Tratado BBNJ y la gestión y conservación adecuadas de sitios clave como el Domo Térmico", Katherine Arroyo Arce, Directora Ejecutiva.-IFAW (Fondo Internacional para el Bienestar Animal): "El camino hacia un tratado de alta mar ha sido casi tan largo como las grandes migraciones de ballenas, tiburones y tortugas, pero la oleada de nuevas ratificaciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos demuestra que estamos en la recta final. El IFAW insta a todos los países que aún no lo han hecho a ratificar el tratado con urgencia para que finalmente podamos brindar una protección significativa a la vida marina en alta mar", Matthew Collis, Director Sénior de Políticas.-Alianza para un Océano Sostenible (SOA): "El Tratado BBNJ representa un paso histórico hacia la protección de la biodiversidad en alta mar, un bien común mundial que ningún país posee, pero del que todos dependen. Contrariamente a la desinformación, este acuerdo respeta plenamente la soberanía nacional: solo se aplica a la alta mar, generalmente más allá de las 200 millas náuticas, donde ningún país tiene derechos exclusivos. Al ratificar el Tratado BBNJ, los países no ceden poder, sino que intensifican su labor para proteger la vida más allá de las fronteras y garantizar que las aguas internacionales se rijan por la cooperación, la ciencia y la equidad", Daniel Cáceres Bartra, SOA Hispanoamérica.-Greenpeace Internacional: “La ratificación del Tratado de Alta Mar está a punto de concretarse. El progreso logrado el lunes nos recordó la cooperación multilateral que vimos cuando se acordó por consenso el texto del Tratado en 2023. Este impulso debe mantenerse. Necesitamos superar el umbral de las sesenta ratificaciones lo antes posible, para que el Tratado pueda entrar en vigor en 2025. Posteriormente, debemos ver a los gobiernos llevar las propuestas de áreas marinas protegidas a la Primera Conferencia de las Partes sobre los Océanos en 2026. Mil millones de personas dependen de los océanos y, si logramos proteger el 30 % de ellos mediante este tratado, seguirán proporcionándonos lo necesario", Megan Randles, Jefa de Delegación de Greenpeace Internacional para la Conferencia. -WILDTRUST: "El equipo del programa WILDTRUST – WILDOCEANS, una ONG sudafricana, está impresionado por los compromisos de conservación de los océanos asumidos tanto por el gobierno sudafricano como por la Unión de Comoros en la ONUC 2025. El Ministro de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica, Dr. Dion George, firmó el Acuerdo BBNJ, también conocido como Tratado de Alta Mar, el 9 de junio. El Ministro destacó cómo la firma del Acuerdo consolida el historial de participación multilateral activa del país y lo posiciona como un puente entre la ambición global y la acción local en favor de los océanos. El martes 10 de junio, el Ministerio de Comoro confirmó la disposición del país para actuar con rapidez y apoyar los objetivos globales de conservación marina. Firmaron y se comprometieron a ratificar el Tratado de Alta Mar, además de proteger el 30 % de su océano mediante la designación de aproximadamente 50 000 km² como Áreas Marinas Protegidas para 2030."La sostenibilidad ecológica sólo es posible cuando se combina con la prosperidad socioeconómica, especialmente en las comunidades costeras vulnerables, donde la conservación marina duradera depende de la prosperidad conjunta de la naturaleza y las personas", comentó el responsable estratégico de océanos de WILDTRUST. "Por eso nos complacen tanto estas audaces medidas para proteger el océano Índico occidental en su conjunto".-Océanos del Norte: "Si bien la carrera hacia la ratificación pronto llegará a su fin, el arduo trabajo para implementar plenamente el tratado está a punto de comenzar. La protección y la gestión sostenible de alta mar, que representa el 50 % del planeta, es crucial”. La inclusión de los sistemas de conocimiento indígenas y locales en el Tratado BBNJ establece nuevas bases para la gobernanza de los océanos, que definen cómo y para quién se implementa este tratado", Ernesto Fernández Monge, Director de Océanos Internacionales, Oceans North.-The Ocean Project: "Nos sentimos muy alentados por el progreso logrado hacia la ratificación e instamos a todas las naciones a que se apresuren a ratificar el Tratado de Alta Mar. La ratificación brinda una oportunidad histórica para que las naciones del mundo se unan y finalmente salvaguarden este bien común global. De vital importancia, la ratificación permitirá proteger al menos el 30% del océano, objetivo que las naciones del mundo se comprometieron a alcanzar para el año 2030. Esto ayudará tanto a las generaciones actuales como a las futuras, ya que, independientemente de dónde vivamos en nuestro planeta azul, todos necesitamos un océano sano para sobrevivir y prosperar", Bill Mott, Director Ejecutivo, The Ocean Project | Día Mundial del Océano.-Conservación Internacional y la Coalición para los Arrecifes de Coral de Alta Mar: "La oleada de compromisos internacionales con el Tratado de Alta Mar señala un creciente reconocimiento mundial de la urgente necesidad de conservar la biodiversidad marina en nuestro océano compartido. Este acuerdo histórico sienta las bases para la creación de áreas marinas protegidas fuera de la jurisdicción nacional, salvaguardando así la rica biodiversidad y el profundo patrimonio cultural de alta mar para las generaciones futuras", Haydée Rodríguez-Romero, Directora de la Coalición para los Arrecifes de Coral de Alta Mar, Conservación Internacional.-The Pew Charitable Trusts: "Este notable progreso demuestra el compromiso de la comunidad internacional para implementar con prontitud el Acuerdo BBNJ y asegurar beneficios para la vida marina y las personas de todo el mundo. Esto incluye la ambición global de establecer la primera generación de áreas marinas protegidas en alta mar, lo cual es fundamental para alcanzar el objetivo mundial de conservación 30x30 en los próximos cinco años", Nichola Clark, funcionaria principal del equipo de gobernanza oceánica de The Pew Charitable Trusts.-Asociación para la Conservación de la Naturaleza de Islandia: "Acogemos con gran satisfacción el compromiso de Islandia de ratificar el tratado BBNJ durante la sesión de otoño del Parlamento islandés. Sin embargo, dados los compromisos previos de Islandia, Islandia debe estar entre los primeros 60 estados en ratificar el BBNJ", Árni Finnsson, Asociación Islandesa para la Conservación de la Naturaleza.-iSea: "En iSea, nos enorgullece haber apoyado la Carrera por la Ratificación de la Alianza de Alta Mar y celebramos la ratificación del Acuerdo BBNJ por parte de Grecia y Chipre, considerándola un paso crucial hacia la protección del océano. Con solo unas pocas ratificaciones nacionales restantes tras el impulso de la ONUC3, el Tratado de Alta Mar está más cerca que nunca de entrar en vigor. Como ONG dedicada a la conservación del medio marino, iSea mantiene su compromiso de apoyar activamente los próximos pasos para la implementación efectiva del Tratado en todo el mundo".-Global Fishing Watch: "La ONUC nos ha dado un atisbo de esperanza: los desafíos que enfrenta nuestro océano se están viendo y se abordarán. La transparencia a todos los niveles se ha convertido en un elemento crucial en esta labor, porque no podemos proteger lo que no podemos ver. A medida que nos acercamos a la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos, utilizando tanto la transparencia como las nuevas tecnologías, para salvaguardar el océano y sus riquezas en beneficio de todos quienes dependen de él", Tony Long, director ejecutivo de Global Fishing Watch.-The Nature Conservancy: "Lograr un cambio significativo en alta mar requiere un enfoque que abarque todo el océano, basado en la cooperación global y el liderazgo local. El impulso del Tratado BBNJ demuestra que esto es posible. Ahora es el momento de redoblar esfuerzos. A medida que nos acercamos a las 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, nos acercamos a la protección de los sistemas oceánicos que sustentan la vida, salvaguardando la seguridad alimentaria, los medios de vida y la resiliencia climática de las comunidades de todo el mundo", Dra. Elizabeth McLeod, Directora Global de Océanos, The Nature Conservancy.-EarthEcho: “En nombre de nuestra comunidad global de jóvenes en EarthEcho, estoy sumamente entusiasmado con el progreso multilateral logrado aquí en Niza en la carrera por la ratificación. Los jóvenes ya están fuertemente movilizados para sentar las bases para la implementación del Tratado BBNJ, y estamos listos y ansiosos por comenzar a trabajar a toda marcha una vez que entre en vigor. A nuestros líderes mundiales, ¡la pelota está en su cancha!", Taylor Cargill, miembro del Consejo Internacional de Liderazgo Juvenil de EarthEcho.
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Justicia retira permiso ambiental para operar a proyecto salmonero de Australis en Magallanes, Chile
Después de casi dos años de tramitación, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, por presentar deficiencias en su proceso de evaluación. La reclamación fue presentada por la comunidad indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, la comunidad indígena ATAP, y la comunidad indígena Residente Río Primero, en alianza con las organizaciones de la sociedad civil ONG FIMA; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Greenpeace.Valdivia, Chile. El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Centro de Engorda de Salmones de la empresa Australis, en la Península Barros Arana, en la Región de Magallanes.El proyecto buscaba aumentar su producción de biomasa de 5.140 a 7.500 toneladas, lo que implicaba una intensificación significativa de la actividad acuícola en aguas cercanas al territorio de la Reserva, lo que llevó a la comunidad indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, la comunidad indígena ATAP, y la comunidad indígena Residente Río Primero, en alianza con las organizaciones de la sociedad civil ONG FIMA; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Greenpeace, a presentar una reclamación ante la justicia la que, luego de casi dos años de tramitación, resultó favorable para ellos.En el fallo, el tribunal sostiene que la evaluación ambiental presentada por la empresa fue insuficiente respecto del área de influencia definida para el centro, sobre todo en lo relativo a la fauna marina, paisaje y turismo. Además, advierte que esta deficiencia se replicaba en el análisis del tránsito de embarcaciones y de la dispersión nociva de nutrientes en el agua, propias de la actividad acuícola.A juicio de los reclamantes, esta sentencia confirma lo importante de una adecuada evaluación ambiental, ya que la sobrecarga de biomasa (salmones, fecas, alimento no consumido) que generaría este centro de cultivo causaría colapsos ecológicos, aumento de enfermedades, uso intensivo de antibióticos y generación de residuos que devastan el fondo marino y afectan al resto de las especies, lo que pudo provocar un daño irreparable en el mar patagónico.Y agregan que el proyecto fue autorizado sin medir adecuadamente sus impactos en las comunidades Kawésqar por el tránsito de embarcaciones, los ecosistemas marinos, sus efectos en el turismo, el paisaje y todas las especies que dependen del buen estado de las condiciones de los océanos para vivir.Por último, denuncian que el titular no esperó obtener el permiso ambiental definitivo y aumentó igualmente su producción, al margen de la ley. o de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107
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Continúa la violación al derecho a un medio ambiente sano en los arrecifes veracruzanos
Expertas y expertos advierten que la ampliación del puerto de Veracruz fue nuevamente autorizada sin conocer los verdaderos impactos ambientales ni establecer medidas suficientes para prevenir o revertir los daños.Los arrecifes coralinos, uno de los ecosistemas marinos más importantes de México, están en grave riesgo por deficiencias en las evaluaciones de impacto ambiental en ecosistemas marinos y terrestres.Organizaciones nacionales e internacionales denuncian que la nueva autorización va en contra de las medidas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2022 y solicitan una evaluación de impacto ambiental integral.Se hace un llamado a la Secretaría de la Convención Ramsar y al Consejo de Áreas Naturales Protegidas para que se pronuncien en defensa de los arrecifes veracruzanos.En el marco del Día Internacional de la Biodiversidad, este 22 de mayo organizaciones nacionales e internacionales levantan la voz por la protección del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) en México. A tres años de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó cancelar las autorizaciones del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz y realizar evaluaciones integrales basadas en la mejor ciencia disponible, el impacto ambiental real del megaproyecto aún se desconoce. En 2023 y 2024 los arrecifes de coral del PNSAV han presentado eventos de blanqueamiento alarmantes, resultado de afectaciones acumuladas por el aumento de la temperatura, y probablemente agravados por la sedimentación generada por las obras, el tráfico marítimo y la contaminación del agua. Estas amenazas ponen en grave riesgo uno de los ecosistemas marinos más importantes de México: los arrecifes coralinos. Estos impactos podrían ser mitigados por un proceso adecuado de evaluación de impacto ambiental y un manejo integral costero, algo que no se hizo antes de aprobar la ampliación del puerto.En 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó nuevamente de manera fragmentada la ampliación del puerto de Veracruz mediante el oficio SRA/DGIRA/DG-06257-22. Esta decisión se tomó sin integrar adecuadamente la información científica ni garantizar la participación de las personas que habitan en la zona conurbada, cuyas actividades económicas -como la pesca y el turismo- dependen directamente de la salud de los ecosistemas marinos, impactados por este megaproyecto.Las organizaciones Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice, en conjunto con personas expertas científicas, analizaron la nueva autorización y detectaron incumpliminetos a la sentencia de la SCJN: No se realizaron nuevos estudios con información actualizada.No se adoptó un enfoque holístico e integral.No se garantizó la participación ciudadana.No se presentaron medidas suficientes y adecuadas para evitar o revertir los impactos ambientales. Además, se ignoraron factores clave señalados por las personas expertas, como los impactos de la construcción en ambientes terrestres y la delimitación de la zona de fondeo a escasos metros de los arrecifes sumergidos la Loma y Los Verdes Norte; así como los impactos de la extracción de rocas para las escolleras, el aumento del tráfico marítimo, la contaminación del mar y la erosión costera causada por el cambio en las corrientes marinas.Ante el incumplimiento por parte de la SEMARNAT de su deber de proteger el derecho a un medioambiente sano, la SCJN ordenó que la Secretaría gestione la asistencia técnica internacional en el marco de la Convención Ramsar, pero debido a la falta de gestiones idóneas y significativas, a la fecha aún está pendiente la misión de asesoramiento con personas expertas designadas por la Secretaría Ramsar. Además, se dispuso que la istración del Sistema Portuario (ASIPONA) presente un programa de restauración ecológica al Consejo de Áreas Naturales Protegidas, el cual no se ha presentado a la fecha.En los últimos años, diversas organizaciones de la sociedad civil han promovido acciones judiciales y de incidencia para aportar información técnica al caso, exigiendo una nueva evaluación del impacto ambiental que considere el proyecto en su totalidad. Sin embargo, estas acciones no han tenido efecto hasta ahora y el verdadero impacto del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz continúa sin evaluarse conforme a la sentencia de la SCJN y a los más altos estándares en materia del derecho a un medioambiente sano.Ante esta alarmante situación, que pone en riesgo a los arrecifes y los ecosistemas que nos sostienen, en violación al derecho humano a un medioambiente sano, organizaciones nacionales e internacionales hacen una llamado energético a:Al juez del Juzgado Quinto de Distrito: a no dar por cumplida la sentencia sin la realización de la necesaria evaluación de impacto ambiental de forma integral que permita conocer el verdadero riesgo ambiental de la obra portuaria, así como el reconocimiento de todos los impactos en los ecosistemas marinos y terrestres, así como en las comunidades que de ellos dependen.A la Secretaría de la Convención Ramsar: a realizar urgentemente la misión de asesoramiento pendiente con el fin de evitar daños mayores a los arrecifes y garantizar prácticas de evaluación de impacto ambiental integrales.Al Consejo de Áreas Naturales Protegidas: a no emitir una opinión favorable sin contar con una evaluación integral de los impactos que sustente un programa de restauración ecológico adecuado. Sumemos nuestras voces en defensa de los arrecifes del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano y de los ecosistemas que son amenazados por la ampliación del puerto de Veracruz. Llamamos a las autoridades ambientales a garantizar un manejo costero integral, con evaluaciones ambientales completas, como precedente necesario frente a futuras ampliaciones portuarias y otros megaproyectos en México. os de prensaNatalia Ramírez, TerraVida, [email protected], +52 (1) 5584625917Víctor Quintanilla Sangüeza, AIDA, [email protected], +52 5570522107 Ava Ibanez Amador, Earthjustice, [email protected]
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Alerta internacional urgente ante las afectaciones de la minería de litio a humedales andinos en Argentina, Bolivia y Chile
Las organizaciones que conforman la Alianza por los Humedales Andinos alertan a la Secretaría de la Convención Ramsar acerca de los cambios en las condiciones ecológicas de los humedales andinos y el incumplimiento de los países de sus obligaciones internacionales.La Alianza por los Humedales Andinos envió una alerta urgente a la Secretaría General de la Convención Ramsar, acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales, acerca de los cambios en las condiciones ecológicas de los humedales andinos —salares, lagos, lagunas, vegas y bofedales— en Argentina, Bolivia y Chile, a causa de la creciente minería de litio.La alerta da cuenta que, en medio de la expansión de la minería de litio, los Estados de los tres países están incumpliendo sus obligaciones internacionales de la Convención de Ramsar sobre conservación, gestión y uso racional de los humedales.En el documento, la Alianza advierte que estos cambios implican afectaciones, actuales y potenciales, en la diversidad biológica, la seguridad hídrica, el proyecto de vida y las prácticas tradicionales y productivas de las comunidades locales y pueblos indígenas que dependen de estos ecosistemas.Chile, Argentina y Bolivia componen un sistema de salares andinos —ubicados en la ecorregión de la Puna— que alberga los mayores reservorios de litio a nivel mundial, concentrando entre el 52% y el 68% de las reservas globales, según distintas fuentes. Al 2023, el 30% de la producción minera de litio en el mundo provino de estos tres países y coloca a Latinoamérica como la segunda región con mayor producción.Frente a este panorama, la alerta contiene evidencia de las afectaciones ambientales que ya están ocurriendo en esta ecorregión, en los humedales andinos en general y en aquellos catalogados como de Importancia Internacional bajo el tratado Ramsar debido a múltiples proyectos de extracción de litio y de otros minerales que son considerados críticos para la transición energética de países del norte global.En Chile, por ejemplo, al menos tres salares han sido declarados por la judicatura chilena con daño ambiental irreparable por la extracción de agua: Punta Negra, Lagunillas y Pedernales. En Argentina, la minería de litio ha sido explotada durante más de treinta años en el Salar del Hombre Muerto, ubicado a menos de 60 km del Sitio Ramsar Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca, lo que ha provocado una drástica disminución en el contenido de agua del salar. En Bolivia, los salares de Capina y Chalviri, que ya tienen impactos ambientales por actividades mineras son parte de convocatorias para nuevos proyectos de extracción de litio.Y es que la minería de litio demanda el uso de agua en una región donde es un bien escaso, lo que agrava el estrés hídrico de los salares, dada sus características de aridez extrema. El uso de agua dulce para producir una tonelada de carbonato de litio equivalente oscila entre 5000 y 50000 litros, según una investigación publicada en Science of The Total Environment.En la alerta, las organizaciones que conforman la Alianza por los Humedales Andinos solicitan a la Secretaría de la Convención Ramsar, entre otras cosas:Establecer comunicaciones con los Estados de Argentina, Chile y Bolivia para que tomen conocimiento, se informen y transmitan sin demora, informaciones acerca de las modificaciones en las condiciones ecológicas de los humedales andinos, como consecuencia de la minería de litio, cobre y otras, en el marco de la transición energética del norte global.Incluir en el Registro de Montreux, un listado de humedales que están amenazados gravemente, a los humedales andinos que ameriten dicha medida.Proponer como medida urgente el Procedimiento de Monitoreo de Humedales de Importancia Internacional, en los territorios nacionales de los tres países.Establecer programas de acción específicos para los humedales y las cuencas de las que forman parte.Realizar un examen de leyes, políticas e incentivos relacionados con los humedales andinos y con la minería, en el marco de la transición energética.Establecer una estrategia regional conjunta para la conservación y uso racional de los humedales, como para la planificación de la gestión del agua, que tome en consideración las necesidades ecológicas de los humedales en el contexto actual y, genere las condiciones necesarias para asegurar la subsistencia, los modos de vida y prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales en el territorio. o de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107
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Expertos de la ONU denuncian amenazas y estigmatización contra personas defensoras del agua y del páramo de Santurbán; exigen protección a su labor
Bucaramanga, Colombia. El pasado 6 de marzo, las Relatorías Especiales de la ONU sobre defensores de derechos humanos, medio ambiente sano, agua y saneamiento, y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos enviaron comunicaciones a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC para denunciar las amenazas y estigmatización que enfrenta el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán por defender este ecosistema amenazado por la minería en Colombia. A la fecha, solo se ha publicado una respuesta por parte del gobierno.Si bien los hostigamientos no son nuevos, recientemente se han difundido contenidos en redes sociales señalando como "personas no gratas" a las vocerías del comité. "Cada día que pasa sin respuesta del gobierno nacional, las empresas legitiman a quienes buscan silenciarnos", advirtieron integrantes del comité. Durante 16 años, el comité ha trabajado por proteger este ecosistema del que depende el suministro de agua dulce de más de dos millones de personas. Recientemente, lograron el reconocimiento de una parte del páramo como Zona de Reserva Temporal, lo que implica la suspensión por dos años de las actividades mineras a gran escala en el mismo. Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canadá, subrayó que "el hecho de que Canadá aún no responda a las relatorías y expertos de la ONU lo dice todo. Canadá debe priorizar a las personas defensoras del ambiente del Comité de Santurbán y a su lucha por proteger el agua".Sebastián Abad Jara, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), sostuvo que "mediante estas cartas, las agencias reconocieron al comité como coalición de personas defensoras; pusieron en conocimiento de gobiernos y empresas el riesgo claro, inminente y específico que padecen sus integrantes; y desmontaron la falsa vinculación de sus actividades con grupos ilegales". Los organismos de la ONU subrayan que Aris Mining, su subsidiaria Minesa y todas las empresas de su cadena de suministro —como Calimineros— , asociadas al proyecto Soto Norte, tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos, especialmente los de las personas defensoras del ambiente y del agua. "Colombia es uno de los países más peligrosos para defender el agua y la vida ante los proyectos extractivistas, por lo que urge la actuación inmediata de los Estados y las empresas para frenar la estigmatización y garantizar la seguridad del comité", indicó Jen Moore, investigadora asociada del Institute for Policy Studies (IPS). El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, AIDA, Mining Watch Canada, IPS, Common Frontiers Canadá y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) reiteramos el llamado de los expertos de Naciones Unidas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, a la empresa Aris Mining y a MDC Holding para que salvaguarden la vida e integridad de quienes integran el comité. Igualmente, hacemos un llamado urgente para que Estados y empresas respondan sobre el fondo de las comunicaciones y adopten medidas —con plazos verificables y avances medibles— para prevenir que las empresas asociadas al proyecto Soto Norte incurran en violaciones a los derechos humanos, conforme a las obligaciones previstas en la legislación nacional, el Acuerdo de Escazú, la normativa y jurisprudencia interamericana y los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos. Solo la protección y el fortalecimiento de liderazgos históricos como el del Comité de Santurbán en Colombia nos acercan a la justicia ambiental y climática. Las preocupaciones elevadas por las agencias de la ONU son un recordatorio de que la protección de quienes lideran las luchas por el agua en América Latina es un imperativo de la debida diligencia estatal y empresarial. os de prensaComité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected] Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107Viviana Herrera, Mining Watch Canada, [email protected], +14389931264Jennifer Moore, IPS, [email protected], +12027049011
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Comunidad maya en Guatemala exige en tribunales un alto a la contaminación que viola su derecho a un ambiente sano
La comunidad poqomam presentó una petición de amparo contra el gobierno municipal de Chinautla por no atender la contaminación de ríos y suelos causada por desechos sólidos y vertederos ilegales, problemática que alcanza al Motagua, el río más grande de Guatemala, y que afecta incluso al mar Caribe. Hoy, en audiencia pública, representantes de la comunidad dieron sus alegatos finales en espera del fallo.Ciudad de Guatemala. La comunidad del pueblo maya poqomam de Santa Cruz Chinautla presentó hoy sus alegatos finales en el litigio iniciado contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales, problemática que vulnera sus derechos a la salud y a un ambiente sano.Santa Cruz Chinautla, una de las 9 aldeas del municipio de Chinautla —ubicado a tan solo 12 kilómetros de la Ciudad de Guatemala—, atraviesa una grave crisis ambiental que impacta las condiciones de vida, la salud, el ambiente, las fuentes de agua, la economía y la cultura de los más de 114 mil habitantes del municipio. Además de los basureros ilegales de desechos domésticos, la aldea enfrenta la llegada diaria de decenas de camiones que descargan desechos de construcción sin ningún control."Cuando era niño, nos bañábamos, pescábamos y jugábamos con las ranas en los ríos de Santa Cruz Chinautla. Hoy, todo eso quedó en el recuerdo. Ahora vivimos entre la basura y aguas negras que llegan desde la ciudad y de vertederos ilegales. Pedimos a las autoridades municipales que cierren los basureros clandestinos en nuestra comunidad y que establezcan acuerdos con las municipalidades aledañas para detener la contaminación y restaurar los ríos, como eran antes", dijo Efraín Martínez, Autoridad Ancestral del Pueblo Maya Poqomam de Santa Cruz Chinautla, ante el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Civil durante la audiencia pública realizada hoy y en la que se presentaron los alegatos finales del caso, paso previo al fallo del tribunal.Santa Cruz Chinautla se ubica en las riberas de los ríos Chinautla, Tzaljá y Las Vacas, este último un afluente directo del río Motagua, el más extenso de Guatemala. La acumulación de desechos en áreas no autorizadas ha afectado gravemente no solo a estos cuerpos de agua, sino también los suelos y la alfarería, una tradición que por generaciones ha sido una de las principales fuentes de sustento de la población.En octubre de 2024, ante la falta de respuesta de las autoridades locales, la comunidad poqomam de Santa Cruz Chinautla presentó, con apoyo del Bufete para Pueblos Indígenas, una petición de amparo contra el Concejo Municipal de Chinautla. En ella exigen:Una respuesta a la solicitud de cierre de los vertederos clandestinos.La elaboración de un plan de restauración de los ecosistemas dañados.La firma de acuerdos con el gobierno municipal de la Ciudad de Guatemala y de Mixco para el saneamiento de los ríos Chinautla, Tzaljá y Las Vacas, así como la protección de sus microcuencas y subcuencas.El cumplimiento de obligaciones y competencias relacionadas con la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos; la gestión de vertederos y residuos sólidos; y la vigilancia de la calidad ambiental, cuya omisión está causando graves violaciones de derechos humanos. "La municipalidad de Chinautla debe vigilar la calidad ambiental porque hasta ahora no cuenta con políticas, planes o programas que aseguren el debido tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos", indicó Carmela Curup, directora del Bufete para Pueblos Indígenas.En el litigio, con apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la comunidad logró reunir información acerca de las fuentes de contaminación y la situación ambiental y social que enfrenta Santa Cruz Chinautla. Con ello evidenció el incumplimiento, por parte de las autoridades municipales, de sus obligaciones establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal y el Código de Salud. La situación en Santa Cruz Chinautla es parte de una problemática más grande y transfronteriza: las aguas contaminadas del río Las Vacas, cuyos desechos provienen principalmente de la Ciudad de Guatemala, afectan al río Motagua, el más extenso del país, cuyo caudal desemboca en el mar Caribe. Así, la contaminación afecta estas aguas, las costas hondureñas y al Arrecife Mesoamericano, el segundo más largo del mundo."El Arrecife Mesoamericano es un gran ecosistema compartido por cuatro países —México, Belice, Honduras y Guatemala— y su protección depende de una gestión integral que abarque toda la cuenca del río Motagua, lo que implica la protección de los ríos que lo alimentan, incluidos los que pasan por Santa Cruz Chinautla", señaló Bryslie Cifuentes, abogada de AIDA, organización que respaldó el litigio con un escrito legal (amicus curiae). "Nos sumamos a la petición por los derechos de la comunidad indígena poqomam porque un fallo favorable representaría un paso importante para el saneamiento del río Motagua y, con ello, la conservación del arrecife. Este caso puede sentar un precedente en el derecho ambiental que permita al Estado de Guatemala cumplir con sus obligaciones de prevención, garantía, vigilancia y restauración en favor del derecho a un ambiente sano", resaltó. os de prensa:Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522017Carmela Curup (Guatemala), Bufete para Pueblos Indígenas, [email protected], +502 2254 6241
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Familias de La Oroya exigen al Estado peruano cumplir con las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte Interamericana
A un año de la sentencia, el Estado aún no la implementa y la población carece de atención en salud integral y está nuevamente expuesta a contaminación tóxica por la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que opera sin una gestión ambiental adecuada.A un año del fallo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano adoptar medidas de reparación integral en favor de residentes de La Oroya, tras responsabilizarlo de violar sus derechos, las víctimas continúan esperando la implementación de la sentencia y con ello el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.“Ha pasado ya un año desde la notificación de la sentencia, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar?”, cuestionó Yolanda Zurita, residente de La Oroya y peticionaria del caso. “¡Basta ya! Exigimos al Estado peruano dar cumplimiento inmediato a la sentencia de la Corte Interamericana, que beneficiará no solo a las víctimas del caso, sino también a la población de La Oroya y del país expuesta a sustancias tóxicas derivadas del desarrollo indiscriminado de actividades extractivas e industriales en nuestros territorios”.El 22 de marzo de 2024 —en una decisión histórica para la protección del ambiente sano en América Latina—, la Corte IDH dio respuesta a la larga e incansable búsqueda de justicia de familias de La Oroya, afectadas durante décadas por los niveles extremos de contaminación provenientes del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y por la falta de medidas adecuadas de protección por parte del Estado, que hoy ignora el fallo y subestima su importancia.Aunque la Corte IDH ordenó al Estado garantizar que las operaciones del CMLO cumplan con estándares ambientales internacionales, previniendo y mitigando daños al ambiente y a la salud humana, actualmente ocurre todo lo contrario: el CMLO reactivó sus operaciones sin haber modernizado sus instalaciones con la finalidad de prevenir y atender los riesgos que genera a la población en términos ambientales y de salud.Es urgente que el CMLO deje de contaminar y que el Estado peruano adopte las acciones requeridas por la Corte IDH para que se modernice acorde con los estándares ambientales internacionales de protección ambiental, cumpliendo con lo establecido en el fallo.“Con la reactivación del complejo metalúrgico, la población de La Oroya está nuevamente expuesta a niveles de contaminación ambiental que ponen en riesgo su vida; la sentencia de la Corte Interamericana es clara y el Estado está obligado a cumplirla”, afirmó Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “El retraso en el cumplimiento del fallo genera una revictimización para familias que llevan más de 20 años exigiendo justicia”.La Corte IDH ordenó además al Estado brindar atención médica gratuita a las víctimas y garantizar atención especializada a residentes con síntomas y enfermedades relacionadas con la contaminación proveniente de la actividad minero-metalúrgica. Sin embargo, hoy la atención en salud integral no está siendo garantizada en La Oroya. Es necesario que el Estado —a través de y en coordinación con el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud de Junín, la Dirección General de Salud Ambiental y las entidades prestadoras de servicios de salud— creen e implementen el protocolo de atención integral para las víctimas en La Oroya, tal como lo estableció la Corte IDH.La sentencia estableció un precedente histórico para la fiscalización de la contaminación industrial por parte de los Estados. Para que el Estado peruano avance realmente en su implementación, es imperativo que la Procuraduría General expida la resolución de cumplimiento.“A pesar de los plazos establecidos por la Corte Interamericana al Estado peruano, prácticamente no se tiene ningún avance en la implementación de la sentencia” señaló Christian Huaylinos, Coordinador del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). “Se debe considerar, sobre todo, la naturaleza misma del caso, lo cual implica que La Oroya fue catalogada como una zona de sacrificio por los altos niveles de contaminación; ante ello, la necesidad de reparar integralmente a las víctimas es urgente. Antecedentes del casoLa Oroya está ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. En 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Corporation instaló allí el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) para procesar concentrados de minerales. El complejo fue nacionalizado en 1974 y, bajo la denominación de Centromin Perú, operado por el Estado hasta 1997, cuando pasó a manos de la empresa Doe Run Perú, responsable de sus operaciones hasta 2009. En suma, el CMLO tiene más de 100 años de antigüedad.En La Oroya, la mayoría de las personas afectadas por la contaminación del CMLO, incluyendo niños y niñas, ha presentado niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En algunos casos, han registrado niveles superiores de arsénico y cio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional y en representación de las víctimas, una coalición internacional de organizaciones presentó la denuncia contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006. En octubre de 2021, la Comisión estableció la responsabilidad del gobierno peruano y remitió el caso a la Corte Interamericana. En octubre de 2022, más de 16 años después de iniciada la demanda internacional, las víctimas presentaron el caso ante la Corte IDH, representadas por AIDA y APRODEH, con el apoyo de Earthjustice. os de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107María Nieve Sullón (Perú), APRODEH, [email protected], +51 984926868
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Declaratoria de Zona de Reserva Temporal en el páramo de Santurbán es una victoria para la defensa del agua en América Latina
Organizaciones de la sociedad civil celebran la medida tomada por el Ministerio de Ambiente de Colombia, la cual implica la suspensión por dos años del proyecto de minería de oro de la canadiense Aris Mining en el macizo de Santurbán.Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Institute for Policy Studies (IPS) - Proyecto de Minería y Comercio, Mining Watch Canada, el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) y Common Frontiers Canada celebramos a la resolución mediante la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) de Colombia declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables. Este gran paso fortalece la protección de uno de los páramos más emblemáticos de la región andina y de los ecosistemas conexos, fundamentales para la adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica de un estimado de 2 millones de personas en la región.Con la Resolución 0221 del 3 de marzo de 2025, en la que el MADS delimita y protege un área de 75.344,65 hectáreas, se logra la suspensión provisional por dos años del proyecto de minería de oro Soto Norte de la multinacional canadiense Aris Mining y su subsidiaria en Colombia, Sociedad Minera de Santander S.A.S. (Minesa), que amenazaba a Santurbán. Lo anterior porque, en virtud del principio de precaución, la norma prohíbe el otorgamiento en el área de “nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, (...) así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales” hasta tanto se adelanten los estudios técnicos necesarios que darían lugar a su protección definitiva. Esta resolución no afecta la actividad agrícola, pecuaria o de turismo en la zona. No obstante, manifestamos nuestra preocupación porque la resolución deja vigente el contrato de concesión con Calimineros, empresa que tiene un subcontrato de formalización minera con Minesa desde 2020, a partir del cual Minesa promete comprar y procesar material mineralizado. Alentamos a las autoridades competentes a suspender la evaluación de la solicitud de la licencia ambiental para este proyecto y la prórroga del subcontrato de formalización debido a los potenciales impactos ambientales que podría ocasionar en Santurbán y por efectivamente ser parte del mismo proyecto Soto Norte. Los páramos y ecosistemas conexos son de alta sensibilidad, reconocidos por su papel en la regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de biodiversidad endémica. La remoción de la cobertura vegetal y la fragmentación de los ecosistemas que generaría la minería en Santurbán podría afectar el equilibrio ecológico, la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para la vida; acidificar y reducir la cantidad de agua dulce disponible; y romper la interconectividad ecológica con otros biomas y ecosistemas, acabando con su capacidad de secuestrar carbono y provocando impactos a perpetuidad. Por estas razones, valoramos que la medida adoptada busque prevenir el avance de la minería en esta área de alta sensibilidad y relevancia ambiental, previniendo procesos de degradación de las cuencas que alberga la estrella hídrica de Santurbán y preservando el ciclo del agua.Sebastián Abad-Jara, abogado de AIDA, señaló: "Al proteger Santurbán, Colombia ratifica su compromiso con el cumplimiento de metas ambientales globales en materia de biodiversidad, clima y humedales, y se consolida como referente para los gobiernos de otros países donde estos ecosistemas también están amenazados por la actividad minera, como Perú y Ecuador"."Celebramos esta declaratoria como la victoria de haber dado el primer paso; el objetivo final debe ser la consolidación del costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva, protegiendo de manera definitiva esta estrella hídrica, vital para toda la vida que depende de ella", indicó Jen Moore, investigadora asociada del IPS - Proyecto de Minería y Comercio. Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada, agregó: "Esta resolución es fruto del arduo trabajo del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, que ha padecido hostigamientos e intimidaciones por su labor a favor de la protección del páramo y que ha sido víctima de campañas de desinformación sobre los supuestos efectos perjudiciales de la norma para la actividad agropecuaria". AIDA, IPS, MiningWatch Canada, CIEL y Common Frontiers Canada respaldamos la adopción de esta medida de protección para Santurbán. También alentamos con esperanza al gobierno nacional y local para que realice los estudios técnicos necesarios para su protección definitiva, y tome medidas preventivas para evitar los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos de la minería en la zona, en relación con los proyectos que ya cuentan con título minero. Además, reiteramos la urgencia de adoptar medidas de protección de las personas defensoras de los páramos en Colombia.La experiencia de Santurbán es muy valiosa y debe servir de ejemplo e impulsar legislaciones para la protección ambiental en América Latina que pongan en el centro el derecho humano al agua y el equilibrio e integridad de ecosistemas frágiles como los páramos y la alta montaña. Consulta la resolución que declara la zona de reserva temporal en Santurbán #NuestroOroEsElAgua os de prensaVictor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107Jennifer Moore, IPS, [email protected], +12027049011 (prensa IPS)Viviana Herrera, Mining Watch Canada, [email protected], +14389931264Alexandra Colón-Amil, CIEL, [email protected], +12024550253
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Colombia: Comunidades y trabajadores/as logran primer fallo judicial sobre cierre de minas de carbón que protege sus derechos
Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebramos el fallo de la Corte Constitucional de Colombia, el cual reconoce los derechos al debido proceso y a la participación de comunidades y trabajadores/as en el cierre de proyectos de minería de carbón en el departamento del Cesar. Este sentencia llega tras años e insistencia de estos grupos, quienes interpusieron una acción de tutela. En este caso, AIDA contribuyó con un escrito legal en el incluye el análisis que ha realizado sobre la temática del cierre y la salida responsable en América Latina, desde la mirada del derecho al ambiente sano y otros derechos humanos.A continuación, compartimos el comunicado de las comunidades y trabajadores/as con motivo del fallo.La Corte Constitucional de Colombia dictó la primera sentencia sobre cierres de minas en el país (T-029 de 2025). En ella garantizó el debido proceso y, en consecuencia, la participación efectiva de las comunidades y sindicatos que representan a más de 20 mil personas de los más de cuatro municipios afectados ante los impactos ambientales, sociales y económicos que ha dejado el primer e irregular abandono y cierre de minas de carbón a gran escala en Colombia.Nosotros, un grupo de comunidades afectadas y trabajadores despedidos del Cesar y Magdalena, hemos liderado una acción judicial durante más de cuatro años para que se garantice un diálogo público por medio de una gran mesa de concertación donde las comunidades, los trabajadores despedidos, las autoridades locales y la ciudadanía en general afectada de los municipios mineros de la Jagua, el Paso, Becerril y Ciénaga puedan conocer y participar en la definición de las medidas de compensación y restauración que en materia ambiental, social y económica la multinacional Glencore – Prodeco debe llevar a cabo en estos municipios dentro de su plan de abandono y cierre minero, el cual está en proceso de aprobación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (ANLA).En esta sentencia, la corte determinó que el Juzgado Séptimo istrativo de Valledupar vulneró el derecho fundamental al debido proceso al considerar que la empresa multinacional había cumplido con este proceso de participación con una ÚNICA reunión de socialización llevada a cabo en noviembre de 2022 en estos municipios, la cual es claramente insuficiente y no cumple con lo acordado en el acta de reunión, donde el compromiso de las partes era convocar la GRAN MESA DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN en presencia de la población afectada de estos cuatro municipios.Ordenó que se inicie de nuevo la apertura del incidente de desacato en contra del representante legal del Grupo Empresarial PRODECO S.A y se revise el cumplimiento del fallo y del acuerdo contenido en estas actas.Nosotros, como comunidades y sindicatos del corredor minero respaldados por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, y representados judicialmente por la abogada Rocío Torres Bobadilla, consideramos que esta mesa pública puede ser la última oportunidad garante y vinculante para que hagamos un balance de lo ocurrido en nuestros territorios luego de 25 años de explotación y logremos medidas para que la empresa Glencore compense y restaure todos los impactos ocasionados.Por tanto:Invitamos a la empresa Glencore -Prodeco a un diálogo constructivo, a evitar maniobras evasivas y a respetar la importancia de este fallo judicial.Solicitamos al Estado Colombiano en cabeza del ANLA, la DEFENSORÍA y la PROCURADURÍA que nos acompañen en este proceso, respalden esta decisión judicial y fortalezcan nuestras medidas de protección para garantizar nuestra seguridad como líderes y lideresas en este proceso para el cumplimiento de este fallo.Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales que nos continúen respaldando para garantizar una participación real y efectiva y que se cumpla con esta GRAN MESA DE CONCERTACIÓN.Finalmente, pedimos a toda la población del país y especialmente de los municipios de la Jagua, Becerril, el Paso y Ciénaga que nos acompañen, nos respalden y nos unamos en un gran proceso para DEFENDER ESTA DECISIÓN JUDICIAL que es HISTÓRICA para nuestro territorio con el fin de poder restaurar y compensar los graves impactos ambientales y sociales ocasionados ante el irregular cierre minero y encontrar medidas para enfrentar la gran pobreza y desempleo que estamos viviendo. Acompáñanos a ser escuchados, a sanar nuestros territorios y a recuperar nuestra economía. Firman:Junta de acción comunal de BoquerónConsejo Comunitario Afrodescendiente Coafrovis de la Victoria de San IsidroRed de Mujeres del Municipio del Paso Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución y el Buen Vivir Asociación de s Campesinos (ANUC) el Paso Sindicato Nacional de Trabajadores del Carbón (Sintracarbón) Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Minero-Energética (Sintraminergetica) Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros Asociación del Reguardo Sokorhpa del Pueblo Indígena Yukpa Consejo Comunitario Caño Candela de Becerril Junta de Acción Comunal del Barrio Don Jaca en Santa Marta Corregimiento de Cordobita en Ciénaga (Madgalena) Vereda el Hatillo Representante Junta de Acción Comunal Sororia de la Jagua de Ibirico Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna Rocío Torres Bobadilla- defensora de derechos ambientales Organizaciones nacionales e internacionales y defensores/as que NOS APOYAN:Universidad del Magdalena Universidad del Magdalena Clínica Jurídica AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente)London Mining Network PAX Holanda PAX Colombia CNV Internacional Solifonds Multiwatch ASK Grupo de Trabajo Suiza- Colombia Urgewald Polen –Transiciones JustasAna Catalina Herrara - defensora de derechos laborales Ángela Velandia Cruz - defensora de derechos humanos Para comunicaciones llamar a: 3228519975
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La vida en los humedales andinos, en riesgo por el extractivismo
El avance de la explotación industrial de litio y otros minerales para la transición energética del norte global amenaza los salares y otros humedales andinos en Argentina, Bolivia y Chile. Estos frágiles ecosistemas son fuente abundante de vida y fundamentales para la subsistencia humana, el equilibrio ambiental y para la mitigación y adaptación a la crisis climática. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— de Argentina, Bolivia y Chile están en riesgo grave debido al avance de la extracción de litio y otros minerales demandados para la transición energética en los países del norte global. Desde la Alianza por los Humedales Andinos alertamos de esta amenaza para estos ecosistemas donde la vida abunda y que son clave para la subsistencia humana y de la diversidad biológica en general y la lucha contra la crisis climática.Este año, la Convención sobre los Humedales propone como tema para el Día Mundial de los Humedales: “Proteger los humedales para nuestro futuro común”. Este lema resalta la importancia de una acción colectiva para proteger a estos ecosistemas, de los cuales depende el futuro de la humanidad.Según datos de Naciones Unidas, aunque sólo cubren un 6% de la superficie terrestre, los humedales son el hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales. Y, en el mundo, más de 1.000 millones de personas (una octava parte de la población terrestre) viven en zonas rurales y urbanas que dependen de estos ecosistemas como medio de subsistencia. Sin embargo, con una pérdida del 35% a nivel mundial en los últimos 50 años (desde 1970), los humedales son el ecosistema más amenazado, desapareciendo tres veces más rápido que los bosques.En América Latina, los humedales andinos de la región del Gran Atacama —ubicada en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— albergan especies únicas de flora y fauna, especialmente adaptadas a condiciones climáticas extremas, así como microorganismos que absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Su alta capacidad para purificar y almacenar agua garantiza el abastecimiento del recurso para comunidades y especies, generando además condiciones de adaptación a la crisis climática.Sin embargo, debido a la presencia en estos humedales de grandes cantidades de litio —los tres países concentran más del 53% de los recursos (material potencialmente explotable) del mineral— existe una gran presión sobre ellos: actores empresariales y estatales han desarrollado una creciente y masiva industria minera para cubrir la demanda de litio del norte global, orientada a la fabricación de vehículos eléctricos y al almacenamiento de energía de fuentes renovables, entre otros fines.De su lado, los gobiernos nacionales y provinciales ven en la industria la oportunidad de atraer inversiones y fortalecer sus economías, para lo cual flexibilizan o implementan de forma deficiente la normativa que exige un análisis adecuado de los impactos ambientales y sociales de los proyectos. Asimismo, no se realizan procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado con las comunidades indígenas que viven en los territorios. Tampoco se garantizan los derechos de a la información, a la participación ciudadana, el a la justicia en asuntos ambientales, ni un entorno seguro para las personas defensoras del ambiente.Una de las principales afectaciones de este tipo de minería es al agua, elemento central de los humedales andinos. El litio se extrae del agua debajo de los salares, para lo cual se utiliza agua salada y dulce. Los humedales andinos están en zonas donde la supervivencia depende de la escasa agua que las caracteriza. El avance del extractivismo en la región del Gran AtacamaArgentinaSegún datos oficiales, en el país hay una cartera de más de 50 proyectos de litio en diferentes estados de avance ubicados principalmente en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy. Tres de ellos están en etapa de producción y exportación (un cuarto proyecto comenzó su producción en julio de 2024), cuatro en construcción y más de 40 con distinto grado de avance (prospección/exploración/factibilidad), mayoritariamente en fase de exploración avanzada. En Salta y Jujuy operan grandes empresas como Pan American Energy, Pluspetrol y Teetrol, históricamente vinculadas a la industria del petróleo y gas, que ahora están ampliando su presencia en sectores de energías renovables, con un marcado interés en la extracción de litio.Sin embargo, a través de un amparo ambiental iniciado contra autoridades y gobierno de la provincia de Jujuy, se ha tomado conocimiento de que existen más de 40 proyectos mineros sólo en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, una cuenca endorreica donde viven más de treinta comunidades originarias pertenecientes a los pueblos/naciones Kolla y Atacama. Al día de hoy, se desconoce su estado de avance y si existen otros proyectos debido a que el a la información pública ambiental está restringido y no se provee de forma completa y oportuna, en incumplimiento de la normativa nacional y estándares internacionales. En el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, está el enclave de extracción de litio más antiguo del país. El salar ha sido explotado desde 1996 por la empresa Livent (ahora Arcadium Lithium), causando el desecamiento total e irreversible de la Vega del Río Trapiche. En marzo de 2024, la Corte Suprema de Catamarca ordenó frenar la actividad minera en este salar hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental acumulativo. BoliviaEn el Salar de Uyuni, el más grande del mundo, se han identificado recursos de 23 millones de toneladas de litio. Y hay otros 26 salares que, por normativa, están reservados para la explotación del mineral, en seis de ellos se realizan actividades de exploración. En Bolivia, el litio es de propiedad estatal. El país cuenta con una planta de explotación estatal que comenzó a operar el 2024 al 20% de su capacidad. En 2012 y 2018, se realizaron dos consultas públicas para las plantas estatales, pero estas excluyeron a comunidades indígenas y originarias con tierras colectivas tituladas. Algunas comunidades han denunciado de manera informal una merma significativa de vertientes y pozos de agua. También se ha denunciado la degradación del Salar de Chalviri y la sobreexplotación de litio y boro en el Salar de Capina.Desde 2023, se han firmado convenios e iniciado actividades de exploración e instalación de campamentos con una empresa rusa y dos chinas. Estos convenios han resultado en dos contratos, firmados a finales del 2024 y pendientes de aprobación por la Asamblea Legislativa, con la empresa rusa Uranium One Group para una planta en el Salar de Uyuni y con el consorcio chino CBC Hong Kong (empresas CATL-BRUMP-CMOC) para otras dos plantas en el mismo salar. También a finales del año pasado, se lanzó una segunda convocatoria internacional para la explotación de otros cuatro salares (Empexa, Capina, Cañapa y Chiguana), la cual ha resultado en la firma de convenios con las empresas EAU Lithium Pty Ltd (Australia), Teetrol S.A. (Argentina) y Geolith Actaris (Francia). Estos convenios, contratos y procesos se han desarrollado sin procesos de consulta previos y con falta de transparencia. ChileLa cuenca del Salar de Atacama alberga más del 90% de las reservas de litio de Chile y fue una de las primeras en ser explotadas por la industria minera. Actualmente, en dicho salar, ubicado en la Región de Antofagasta, hay cuatro grandes operaciones mineras: la extracción de Litio por parte de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y de Albemaerle, bajo contratos con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que implica la extracción de más de 2.000 litros de agua por segundo; y la extracción en paralelo de cobre de parte de Minera Escondida y Minera Zaldívar, que extraen más de 1.400 litros de agua dulce por segundo, agravando la ya crítica crisis hídrica de la zona. La Comunidad Atacameña de Peine, quienes habitan en la cuenca del salar, ha impulsado acciones legales denunciando la sobreexplotación de sus acuíferos, mientras que, en Calama, los movimientos ciudadanos exigen una gobernanza del agua frente a la extracción descontrolada de las mineras. En 2015, un comité designado por el gobierno reconoció que la extracción de salmuera tiene efectos adversos en el ecosistema, pero en lugar de regular su uso, confirmó la política de larga data del gobierno, que consiste en regular la producción de litio.En Chile, el gobierno tiene derechos exclusivos de propiedad sobre el litio en virtud del Decreto Ley 2886 (1979). Esto significa que las instituciones estatales, particularmente CORFO, establecen las condiciones bajo las cuales las empresas privadas operan en los salares. En 1979, siguiendo las directrices de Estados Unidos, el gobierno chileno —la dictadura de Augusto Pinochet— declaró al litio como “mineral estratégico” y tomó medidas para salvaguardar las reservas de largo plazo, limitando la producción mediante cuotas acreditadas por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. La Estrategia Nacional del Litio, lanzada en 2023, busca expandir la explotación estatal, incluyendo nuevos proyectos en los salares de Maricunga y Pedernales. Chile concentra el 36% de la producción global de litio y, con al menos 31 nuevos proyectos de hidrógeno verde en carpeta, la presión sobre los recursos hídricos aumentará exponencialmente. Se sabe que, desde 2013, en la propiedad de SQM, 32,4% de los algarrobos (Prosopis chilenis) se han secado por falta de agua. El algarrobo es un árbol nativo, resistente a la sequía y con raíces muy profundas que le permiten sobrevivir en ese ambiente. os de prensa Víctor Quintanilla, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected], +52 5570522107Rocío Wischñevsky, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina, [email protected], +54 1159518538Verónica Gostissa, Asamblea Pucará (Argentina), [email protected], +54 93834771717Juan Donoso, Formando Rutas (Chile), [email protected], +4915780743628
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