Cambio Climático

Cambio Climático, Fuentes de Agua Dulce

México actúa para proteger sus humedales del desarrollo no sostenible

AIDA y los del Comité Nacional de Humedales han obtenido una gran victoria tras años de trabajo para proteger legalmente a los humedales —zonas terrestres inundables de manera permanente o intermitente como esteros (desembocaduras de ríos en el mar), arrecifes, manglares, entre otras— de México. El 4 de febrero de 2014, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) presentó la nueva Política Nacional de Humedales, un marco legal que nosotros habíamos estado pidiendo desde 2009. “No es la panacea, pero es un buen comienzo”, dice Sandra Moguel, abogada de AIDA que participó en el Comité Nacional de Humedales, un grupo liderado por la CONANP que ayudó a desarrollar la política. México es rico en humedales. El país ocupa el segundo lugar, después del Reino Unido, en el número de zonas de humedales protegidas bajo la Convención Ramsar, un tratado internacional para la conservación y el uso sostenible de esos ecosistemas. Los arrecifes de coral, con siglos de antigüedad, sirven como áreas de reproducción para peces que alimentan a la población y deleitan a los buzos. Los bosques de manglar albergan especies en peligro de extinción y brindan servicios ambientales cada vez más importantes: absorben las emisiones de carbono, y protegen a las costas de tormentas, mismas que son más severas debido al cambio climático. Pero muchos arrecifes, manglares, esteros  y ríos han sido víctimas de desarrollos pobremente planeados. En el Golfo de California, por ejemplo, planes de mega resorts nos han mantenido ocupados defendiendo el arrecife de coral Cabo Pulmo y, ahora, una propuesta de expansión portuaria está amenazando los arrecifes de Veracruz. Para defender estos y otros humedales, hemos tenido que recurrir a una maraña de leyes y políticas. Pero ya no más. Ahora contamos con un instrumento específico y además acorde a las leyes y políticas referidas a la protección de humedales. La nueva política establece acciones, metas y prioridades para el manejo y protección de los humedales. Es un gran avance. Si bien una política nacional de humedales es un requisito para Ramsar, la de México se distingue de muchas otras en el mundo por establecer no sólo principios y lineamientos, sino también un plan de acción para llevarlos a cabo. Por ejemplo, el gobierno pronto establecerá y mantendrá niveles mínimos de agua para preservar los manglares. Otras acciones garantizarán el uso razonable de los humedales. La pesca, el turismo y otras actividades que dependen de los manglares deben realizarse de manera sostenible. Si se producen daños, el Estado debe garantizar la restauración de estos ecosistemas. Un elemento clave que AIDA impulsó es el principio de progresividad ambiental. La nueva política impide al gobierno continuar modificando y reduciendo áreas naturales protegidas para dar paso a grandes proyectos de infraestructura, o beneficiar intereses privados. Ahora las autoridades deben preservar y promover la progresividad ambiental respetando los estatus de áreas protegidas y mejorando las salvaguardas. Estamos emocionados. Este principio podría ayudar a AIDA en su batalla legal para detener la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro Mezquital. La hidroeléctrica reduciría el flujo de agua y los sedimentos que alimentan y sostienen a los manglares de Marismas Nacionales, una zona protegida de humedales en el Golfo de California. La construcción de la hidroeléctrica revertiría claramente el progreso ambiental. La nueva política tiene puntos débiles. Por ejemplo, no establece fechas para revisar el progreso del plan de acción, y las acciones podrían complementarse para que sean más efectivas, pero, comparativamente, está a la vanguardia de las políticas de humedales en América Latina. “México está poniendo el ejemplo”, dice Moguel. “Esperemos que esto aliente a otros países a hacer lo mismo”. Tus contribuciones nos han ayudado a presionar para el desarrollo de esta nueva política, y a realizar aportes a la misma. Y con tu apoyo constante seremos capaces de ayudar a México en sus esfuerzos por proteger sus vitales humedales.

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Contaminantes Climáticos de Vida Corta: Una gran oportunidad para frenar el cambio climático

Por Florencia Ortuzar, asesora legal de AIDA Si bien muchos ya estamos bastante alarmados con el cambio climático y sus efectos palpables, el terror es aún mayor al saber que no es posible remover el CO2  acumulado en el ambiente, incluso si hoy mismo detuviéramos todas las fuentes de emisión. Así lo confirmó recientemente el quinto Informe sobre el Estado Actual del Clima (en inglés), elaborado por el Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). La explicación de ese hecho es simple: el CO2, a diferencia de otros gases y contaminantes, permanece en la atmósfera por milenios después de emitido. Queda estancado por tiempos que en la escala humana son eternos, y su efecto de manto abrigador no cesa con el inmediato corte de sus emisiones. Las buenas noticias son que el CO2 no es la única causa del calentamiento global y los otros contaminantes que contribuyen a ese proceso no comparten su característica de permanencia casi eterna. Por el contario, estos “otros” agentes, responsables de 40 a 45% del calentamiento, son conocidos por su corta permanencia en la atmósfera: de algunas horas a unas pocas décadas como máximo; y por lo mismo se les denomina “Contaminantes Climáticos de Vida Corta” o “CCVC”. Asimismo, las emisiones de estos CCVC provocan otros problemas al ser humano y los ecosistemas. Así, su reducción, además de alivio inmediato para los más afectados por el cambio climático, traería importantes beneficios para el ambiente y las personas. Los principales CCVC Pese a tener en común su poca permanencia en la atmósfera y su importante aporte al cambio climático, cada uno de ellos tiene sus propias características y fuentes de emisión. El carbono negro u hollín es un material particulado producido por la combustión incompleta de combustibles, principalmente en vehículos motorizados, cocinas domésticas, incendios y fábricas industriales. Contribuye al calentamiento global pues sus oscuras partículas absorben luz, calentando la atmósfera y, cuando las mismas se depositan sobre el hielo y la nieve, aceleran su derretimiento. El carbono negro afecta además la salud humana pues contribuye a problemas respiratorios como cáncer de pulmón y asma.  El ozono troposférico es un gas formado por la reacción del sol con otros gases llamados “precursores”, los cuales pueden ser naturales o producidos por el hombre. Uno de ellos es el metano, otro CCVC. Al ozono troposférico se le asocian males como bronquitis, enfisema, asma y cicatrices permanentes en el tejido pulmonar. Más aún, se ha comprobado que afecta directamente a la vegetación, reduciendo el rendimiento de los cultivos y disminuyendo la capacidad de las plantas para absorber CO2. El metano es un poderoso gas de efecto invernadero cuyas emisiones provienen en un 60% de actividades humanas como el cultivo de arroz, la minería de carbón, los vertederos y la combustión de petróleo. Dos fuentes importantes de metano son la ganadería, cuyo efecto se ha incrementado peligrosamente por la ganadería industrial, y las grandes represas, especialmente las ubicadas en zonas tropicales.  Por último están los hidrofluorocarbonos (HFC), creados por el hombre para la fabricación de aire acondicionado, refrigeración y aerosoles, en reemplazo de los CFC, los cuales fueron prohibidos por el Protocolo de Montreal. A pesar que los HFC aún representan un porcentaje menor dentro de los gases de efecto invernadero, la preocupación que generan no es menor porque ese porcentaje está aumentando rápidamente, en una tasa anual del 10 a 15%, según advirtió el PNUMA en su informe (en inglés) al respecto. Todos ganamos Según el IPCC, la reducción de estos contaminantes tiene el potencial de evitar alrededor de 0,5 grados Celsius del calentamiento global promedio para el 2050, reduciendo la tasa actual de calentamiento global a la mitad y beneficiando en especial a algunas de las zonas más sensibles a los cambios del clima como el Ártico, las regiones elevadas del Himalaya y el Tíbet. Asimismo, su mitigación es crucial para desacelerar el derretimiento de glaciares y la tasa de elevación del nivel del mar, situación especialmente sensible para un porcentaje importante de la población mundial que vive en zonas costeras. La reducción de los CCVC traería también importantes beneficios socio-ambientales. Como se explicó, el carbono negro y el ozono troposférico dañan la salud humana y la rendición de los cultivos, lo que a su vez afecta los ecosistemas, la seguridad alimentaria, el bienestar humano y, en suma, todo el ciclo natural que mantiene saludable al planeta. Algunos puntos de partida Dado que los CCVC surgen de persas fuentes, su efectiva mitigación requiere de una serie de acciones integrales que aborden cada contaminante por separado. Felizmente, el camino ya está marcado: muchas de las tecnologías, leyes e instituciones necesarias para su reducción ya existen. En el caso del carbono negro, las tecnologías son poco costosas y están disponibles. Países desarrollados ya las aplicaron y lograron reducir su emisión significativamente. Podría por ejemplo modernizarse el sistema de cocinas de las viviendas de la región, implementando el uso de cocinas solares, y en el transporte podrían usarse mejores filtros para tubos de escape. El metano, que a su vez incide en la reducción del ozono troposférico, tiene determinadas fuentes que provienen generalmente de algunos sectores industriales. En ese sentido, una buena regulación debería controlar las industrias que más lo producen, como la ganadería intensiva, la minería, los hidrocarburos, y las grandes represas. Finalmente, la tecnología para generar una alternativa a los HFC ya existe. Lo que se necesita es apuntar a regulaciones que estimulen su substitución, sobrellevando las barreras comerciales. Al respecto, algunos países han propuesto incorporarlos en el Protocolo de Montreal, acuerdo internacional reconocido hoy en día por ser uno de los más exitosos, al reducir significativa y rápidamente las emisiones de CFC, que, en su momento, planteaban un desafío global como el que ahora enfrentamos. Para saber más de los CCVC, consulte el documento informativo elaborado por AIDA, CEDHA, CEMDA y RedRacc.

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Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

Financiamiento para cambio climático: necesidades y expectativas

Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. Al hablar de los recursos económicos necesarios para hacerle frente al cambio climático, la discusión en la plenaria de la COP19 se enfocó en tres temas: financiamiento a largo plazo, el reporte del Comité Permanente, y reporte del Fondo Verde Climático (FVC) a la COP. Financiamiento a largo plazo Filipinas. Remarcó que ese tipo de financiamiento es crucial para los países en desarrollo y que los acuerdos a los que se llegue en 2015 dependerán de qué tan lejos esas naciones estén dispuestas a llegar. Se necesita “claridad sobre la cantidad específica [de recursos] y las actividades a las que el financiamiento estará dirigido. Pero hasta ahora la situación se puede calificar como desastrosa”, expresó el delegado filipino. Egipto. Su delegado, a nombre del grupo africano, señaló que “los acuerdos de 2015 definitivamente dependerán de qué tan lejos se llegue en la istración de los fondos para el clima; la meta de alcanzar los 2°C y la movilización de los 100 mil millones de dólares son aspectos urgentes”. Unión Europea. Reafirmó el compromiso de movilizar fondos para el cambio climático con la esperanza de que el Fondo Verde Climático incremente su financiamiento en el tema de adaptación. Malpas. La delegación mencionó la necesidad de lograr un equilibrio entre el financiamiento que se otorga para mitigación y el que se concede para adaptación al cambio climático. Se trata de un tema esencial para los países en desarrollo, resaltó. Colombia. Su delegado urgió a que se trabaje de forma continua en el financiamiento para el cambio climático. Hasta ahora, considera, las acciones realizadas al respecto se encuentran estancadas. Contar con los 100 mil millones de dólares comprometidos para financiar acciones de mitigación y adaptación es una tarea también apremiante, agregó. Reporte del Comité Permanente Filipinas. El Comité tiene mucho trabajo por hacer, en especial en lo referente a temas de transparencia y a la información, manifestó el delegado a nombre del G77. “Es necesario fortalecer los mecanismos de monitoreo, verificación y reporte antes del 2015” y que el tema del financiamiento adicional sea abordado en su totalidad, subrayó. Egipto. En la misma línea que Filipinas, esta delegación enfatizó la urgencia de brindar apoyo a los mecanismos de verificación, monitoreo y reporte. Bolivia. El delegado de ese país se refirió al a los fondos, asunto que calificó como “piedra angular para abordar los impactos del cambio climático”. Se requiere para ello del apoyo de todos los países, añadió. Reporte del Fondo Verde Climático (FVC) a la COP Los co-presidentes del FVC dijeron que el mismo debe ser ambicioso e ir en aumento. Mencionaron además la importancia de lograr un balance entre los apoyos para mitigación y adaptación en la lucha contra el cambio climático, y de movilizar los recursos financieros antes de mediados de 2014. Al respecto, los países manifestaron lo siguiente: Filipinas. Existen muchas expectativas sobre el Fondo, indicó ese delegado. A tres años de la COP en Cancún, sostuvo, ya es tiempo de empezar a mover el dinero. Egipto. La movilización de fondos debe ser optimizada lo más pronto posible y el Fondo debe sosteniblemente concentrarse en financiamiento para el cambio climático, se señaló desde esa delegación. India. Según esa delegación, los acuerdos que se alcancen en 2015 dependerán del financiamiento para el clima que exista en ese momento. Se reiteró la idea del equilibrio entre mitigación y adaptación en torno al Fondo. Zambia. “Se debe colocar 50% de los fondos en adaptación”, los cuales deberían servir al mismo tiempo a programas de reducción de la pobreza en grupos vulnerables, expresó su delegado. Malpas. Sobre la importancia de movilizar los recursos financieros de manera rápida, ese delegado exhortó a que esos fondos estén disponibles antes de la COP20 en Lima. Uganda. Su delegado recordó a los presentes que el cambio climático no está esperando a que los recursos comiencen a movilizarse.

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Cambio Climático

Contaminantes Climáticos de Vida Corta: una oportunidad para reducir emisiones

AIDA —junto con CEDHA, CEMDA y la RedRacc— elaboró un documento informativo sobre los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) a ser presentado en la 19ª Conferencia de las Partes (COP19) sobre Cambio Climático, evento que se realizará del 11 al 22 de noviembre en Varsovia, Polonia.Los CCVC son agentes que contribuyen al calentamiento global y cuya vida útil en la atmósfera es relativamente breve (entre unos pocos días y unas pocas décadas), a diferencia del CO2, que permanece en la atmósfera durante siglos o milenios después de ser emitido. Se estima que el aporte del CO2 al calentamiento global va del 55 al 60%, mientras que el restante 40 a 45% es consecuencia de la emisión de los CCVC. Estos últimos afectan gravemente la salud humana y la de los ecosistemas, por lo que su reducción traería además importantes beneficios sociales. El hecho de que estos contaminantes permanezcan por poco tiempo en la atmósfera significa que su mitigación traería beneficios en el corto plazo, favoreciendo especialmente a aquellas regiones del planeta que son más vulnerables y que ya se están siendo afectadas por el cambio climático. Por ello la reducción de los CCVC representa una oportunidad que debemos aprovechar en la lucha contra los efectos de este desafío global. El documento informativo que será distribuido en Varsovia explica qué son los CCVC, describe los CCVC más relevantes, expone las razones por las cuales debemos actuar por su regulación y reducción, y ofrece algunas recomendaciones para abarcar el reto. Lee y descarga la hoja informativa 

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Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

¿Puede la COP19 acercar al Fondo Verde Climático a la realidad?

Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Marcus Pearson, voluntario de AIDA (artículo publicado originalmente en inglés en Respond/RTCC Magazine) El Fondo Verde Climático (FVC) fue creado como respuesta efectiva a los impactos del cambio climático mediante la canalización de recursos financieros de países desarrollados a países en desarrollo. ¿Será una realidad? En noviembre, la  Conferencia de las Partes (COP) brindará a los países en desarrollo la oportunidad de presionar al mundo desarrollado por compromisos financieros significativos para asegurar la viabilidad a largo plazo del FVC. El Fondo Verde Climático (FVC) fue creado en 2010 durante la 16a Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Su misión es canalizar recursos financieros públicos y privados a países en desarrollo para ayudarlos a mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático mediante programas bajos en emisiones y resilientes al clima. Sin embargo, casi cuatro años después de su creación, el FVC aún no tiene recursos para desembolsar. La Junta del FVC se ha reunido cuatro veces y sólo con resultados limitados. En la primera reunión, celebrada en Ginebra en agosto del 2012, la Junta eligió a dos copresidentes interinos: Zaheer Fakir de Sudáfrica y Ewen McDonald de Australia. Conformó además comités, designó al Banco Mundial como Fideicomisario Provisional, y aceptó invitar a organizaciones observadoras a participar, aunque de forma limitada. La falta de consenso estancó las decisiones en la reunión de octubre de 2012 en Corea del Sur, donde el único movimiento importante fue hacer de Songdo, Corea del Sur, la sede del FVC. Mayores avances ocurrieron en la reunión de febrero de 2013 en Berlín. La Junta adoptó reglas de procedimiento para regir sus acciones, regular la selección de , y definir la participación y el rol de los observadores de la sociedad civil. Ello sentó las bases para que el FVC lleve a cabo su misión. En la reunión de junio de 2013 en Corea del Sur, la Junta discutió el modelo de negocio (BMF por sus siglas en inglés) del FVC, así como las políticas, directrices y estructuras organizacionales requeridas para que sus operaciones comiencen. Además, la Junta escogió la estructura de gobernanza de la facilidad para el sector privado (PSF por sus siglas en inglés) [i] y nombró a Hela Cheikhrouhou, de Túnez, Directora Ejecutiva de la Secretaría del FVC. La quinta reunión en París podría abordar las muchas cuestiones aún pendientes para que el FVC entre en funcionamiento efectivo. Para ello, la Junta debe superar su hasta ahora percibida ineficacia. Preocupaciones de la sociedad civil Las organizaciones de la sociedad civil (CSOs) están preocupadas por el futuro y el proceso de toma de decisiones del FVC. La incertidumbre sobre el financiamiento es quizás la principal cuestión. La Junta Directiva del FVC ha empezado a identificar áreas de proyecto y a definir criterios para asignar recursos, pero los países desarrollados todavía tienen que comprometer recursos significativos. Compromisos concretos son esenciales para asegurar la disponibilidad de recursos previsibles y necesarios para lograr resultados a largo plazo para mitigar y protegerse de los impactos del cambio climático. Las CSOs también temen que la falta de transparencia y rendición de cuentas debilitará el FVC. La transparencia no parece ser una prioridad para la Junta. Por ejemplo, la Junta ha decidido no transmitir en vivo sus reuniones, aunque la CMNUCC comúnmente sí lo hace, lo que ayudaría a reducir costos y emisiones de carbono asociadas con los viajes. Si el FVC ya transmite las reuniones a los observadores sentados en una sala anexa, ¿por qué no transmitirlas en vivo? El temor de las CSOs es que la Junta no quiera realizar reuniones abiertas al público. La falta de rendición de cuentas continúa siendo una preocupación, particularmente debido a  la poca oportunidad brindada a la sociedad civil para participar en el proceso de toma de decisiones. El FVC movilizará recursos financieros de ambos sectores, el público y el privado, y la vigilancia de la sociedad civil es necesaria para asegurar que las políticas no respondan a los intereses de inversión del sector privado, sino a las necesidades de los más vulnerables. Más aún, la Junta no concede oportunidades de participación significativas a las CSOs. El FVC publica documentos antes de las reuniones, pero sin dar el tiempo suficiente para que muchas CSOs revisen y comenten las propuestas [ii]. Entretanto, sólo dos representantes de las CSOs pueden participar activamente y en persona de las reuniones de la Junta y, aun así, es posible que no se les permita hablar o acercarse a los de la Junta [iii]. Estas prácticas ponen en duda la legitimidad del FVC. A nivel global, las CSOs juegan un rol vital en el desarrollo de políticas de cambio climático ya que informan a los tomadores de decisiones sobre problemáticas y necesidades locales, y proporcionan ejemplos sobre mejores prácticas para la asignación de recursos. Dado que el mandato del FVC hace hincapié en la rendición de cuentas, las CSOs deberían tener a los representantes de gobiernos y a la información en reuniones abiertas y transparentes. COP19: ¿Una oportunidad para el FVC? La COP19, a celebrarse en noviembre en Varsovia, mostrará al mundo si el FVC puede convertirse en un motor eficaz para el financiamiento al cambio climático en los países en desarrollo. En esta conferencia, los países en desarrollo deben lograr compromisos concretos y firmes para la adaptación y mitigación al cambio climático. Sólo un financiamiento garantizado permitirá a la Junta tomar decisiones efectivas respecto de la distribución de recursos, o proporcionar a los países en desarrollo un panorama claro de la cantidad de recursos disponibles. La Junta Directiva del FVC debe buscar –y recibir– orientación ya que muchos de los asistentes a la COP se beneficiarán de los recursos del Fondo. Los países pueden usar la COP para dar consejos sobre las políticas del FVC, compartir sus necesidades prioritarias de financiamiento, y recomendar criterios para garantizar el a los recursos. La COP también dará a los representantes de las CSOs la oportunidad de plantear preguntas y resaltar prácticas contraproducentes. Conclusiones La COP representa una oportunidad para que los países desarrollados se comprometan con los objetivos establecidos por el FVC, y otorguen el financiamiento que desesperadamente se requiere. Las partes y las CSOs deben usar la COP –el órgano de monitoreo del FVC– como una herramienta para mejorar la responsabilidad, la inclusión y la transparencia del Fondo, de modo tal que el FVC pueda realmente trabajar en beneficio de las poblaciones más vulnerables en los países en desarrollo. La COP debería ser un punto de referencia para el avance del FVC en lugar de un evento más en el que los países desarrollados se feliciten a sí mismos por los poco significativos avances. [i] El PSF permitirá al FVC financiar directa o indirectamente las actividades de mitigación y adaptación del sector privado a nivel nacional, regional e internacional. [ii] En la reunión de junio en Corea del Sur, los documentos fueron publicados menos de dos semanas antes de la reunión, en lugar de 21 días antes como se indica en la decisión sobre reglas adicionales de procedimiento tomada en Berlín. [iii] Fue el caso del último día de reunión en Songdo.

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Grandes Represas, Cambio Climático, Derechos Humanos

Represas y minas amenazan derechos indígenas: Recomendaciones de un experto en derechos humanos de la ONU

Por Jessica Lawrence, anapsta investigadora de Earthjustice Una de las metas constantes de Earthjustice y de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha sido alertar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en tribunales nacionales y foros internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre violaciones ambientales y de derechos humanos asociadas con minas y represas. Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables a los efectos nocivos que las industrias extractivas y energéticas tienen en sus territorios. El pasado abril, Earthjustice y AIDA proporcionaron evidencia de esos daños, así como recomendaciones acerca sobre cómo evitarlos, al experto en derechos indígenas de la ONU James Anaya, quien recientemente pubpcó un informe sobre las industrias extractivas y energéticas y los pueblos indígenas. Los comentarios (en inglés)de Earthjustice y AIDA se enfocaron en el cierre de minas, describiendo cómo el inadecuado cierre, restauración o monitoreo puede causar una contaminación ambiental severa y de largo plazo, y violar derechos humanos e indígenas. Identificamos las medidas que los países pueden adoptar para prevenir esos problemas, incluyendo la promulgación de leyes estrictas sobre la responsabipdad de los operadores mineros, y la exigencia de que éstos brinden garantías financieras para asegurar una adecuada pmpieza durante y después del cierre de una mina. Dichas medidas pueden ayudar a proteger los derechos humanos a la salud, al agua potable y a un ambiente sano, así como los derechos indígenas a la cultura, apmentación y medios de subsistencia, sus tierras y recursos naturales. El informe de Anaya incluye una serie de recomendaciones que tienen imppcaciones ambientales y de salud. Las recomendaciones clave incluyen: Garantizar el derecho de las comunidades indígenas a oponerse a proyectos extractivos y energéticos sin miedo a represapas, violencia o consultas coercitivas. Si un gobierno decide continuar un proyecto sin su consentimiento, las comunidades indígenas deben ser capaces de impugnar esa decisión ante las cortes. Las Evaluaciones de impacto ambiental rigurosas deben ser una precondición. Las comunidades indígenas deben tener la oportunidad de participar en esas evaluaciones, y tener total a la información recabada. Los gobiernos deben garantizar la objetividad de las evaluaciones de impacto, ya sea a través de revisiones independientes o asegurando que las evaluaciones no son controladas por los promotores del proyecto. Las medidas para prevenir los impactos ambientales, particularmente aquellas que impactan en la salud o la subsistencia, deben incluir monitoreos con la participación del púbpco, así como medidas que aborden el cierre del proyecto. Si los gobiernos y los operadores de los proyectos siguieran las recomendaciones de Anaya, se reducirían sustancialmente los daños ocasionados a pueblos indígenas por la conducta frecuentemente vergonzosa e irresponsable de las industrias extractivas y energéticas. AIDA, a quien Earthjustice brinda apoyo significativo, trabaja con comunidades locales para responder ante violaciones a derechos humanos derivadas de las industrias extractivas en todo el hemisferio, incluyendo los casos de la represa Barro Blanco en Panamá, la represa Belo Monte en Brasil, la represa La Parota en México, y las minas en ecosistemas andinos de Colombia.

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Grandes Represas, Cambio Climático, Derechos Humanos

A propósito de la consulta previa y las grandes represas

Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel Jake Sully es un guerrero reclutado para una misión en un sitio denominado Pandora. Un consorcio corporativo está extrayendo un mineral que resolverá la crisis energética de la Tierra y su objetivo es infiltrarse entre los Na'vi, tribu que obstaculiza la actividad minera. La historia da un giro pues Jake aprende a respetar el modo de vida de los Na'vi y llega a comprenderlos. Lo descrito corresponde a la trama de Avatar, película que vi el fin de semana y a partir de la cual reflexioné sobre el problema de la consulta previa a los pueblos indígenas en proyectos hidroeléctricos. Las empresas y autoridades deben saber que lo que se busca con la consulta es la inclusión de los grupos vulnerables en la toma de decisiones gubernamentales.  Además, las comunidades indígenas tienen derecho a decidir cómo quieren vivir y, según el caso, a rechazar la construcción de hidroeléctricas en sus territorios o el uso que esos proyectos hagan de los recursos naturales con los que conviven desde sus ancestros.  El Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los Estados están obligados a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o istrativas susceptibles de afectarles directamente”. Y en su Artículo 7 establece que estos pueblos “deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera (…)”. De lo anterior se desprende que los Estados deben diseñar, organizar y llevar a cabo la consulta. El problema es que aún no logran internalizar procesos transparentes para ello. Tres ejemplos de la falta de consulta en la región 1. Belo Monte La construcción de grandes represas aqueja a muchos pueblos indígenas en América Latina. En Brasil, por ejemplo, se construye la tercera hidroeléctrica más grande del mundo: Belo Monte. Las autoridades de ese país argumentan que proyectos de este tipo son baratos y de bajo impacto, pero no consideran los otros usos del río en los análisis de costo-beneficio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (al otorgar medidas cautelares) y el Comité de Expertos del Convenio 169 de la OIT (en la Observación CEACR 2011/82) establecieron que el Estado brasileño debió explicar el proyecto —de buena fe y de manera culturalmente apropiada— a las comunidades afectadas por la represa para llegar a un acuerdo con ellas. Los daños de la construcción de hidroeléctricas al ambiente son innumerables. Y en el aspecto humano, los pueblos indígenas pierden el al agua en sus tierras ancestrales, a sus tradiciones, sitios sagrados y a su forma de vida (si por ejemplo se dedican a la pesca como actividad económica primaria). 2. Urra I En Colombia, la sentencia T652/98 bde la Corte Constitucional estableció lo siguiente respecto de la  hidroeléctrica Urrá I: “El procedimiento para la expedición de la licencia ambiental que permitió la construcción de la hidroeléctrica Urrá I fue irregular, y con violación de los derechos fundamentales del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, pues se omitió la consulta que formal y sustancialmente debió hacérsele”. En este caso, la construcción de la hidroeléctrica ya se había consumado con perjuicios irreversibles. La justicia ordenó a la empresa Urrá indemnizar durante 20 años a cada indígena afectado de la comunidad Embera, “en la cuantía que garantice su supervivencia física, mientras elabora los cambios culturales, sociales y económicos”. Aunque dicha disposición se haya cumplido, el daño ya estaba hecho. 3. Las Cruces La Comisión Federal de Electricidad (CFE) planea construir la represa Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital en Nayarit, México. El proyecto tendrá una capacidad de 480 MW, divididos en dos turbinas y una cortina de 176 metros de alto y 445 metros de largo. Su construcción no sólo afectaría a Marismas Nacionales, sino también a los derechos de las comunidades Náyeri (Cora). Al momento, no sólo no se han realizado ejercicios de consulta previa, sino que se han celebrado asambleas ejidales ilegales para recabar el permiso necesario de los ejidatarios y comuneros para que la CFE continúe con sus estudios de exploración y factibilidad.  La consulta previa va más allá de una simple reunión informativa con las comunidades afectadas o de la notificación a éstas. Los indígenas deben recibir información del proyecto de forma entendible, en su idioma nativo, conforme a sus costumbres e incluso participar en la preparación de la manifestación de impacto ambiental. Esto no ha sucedido en el caso de Las Cruces.  Metodologías para evaluar impactos y consultar a las comunidades International Rivers publicó una Guía Ciudadana derivada del Informe de la Comisión Mundial sobre Represas para evaluar impactos de las grandes hidroeléctricas. Aunque no es una panacea, el documento contiene una valoración de impactos o riesgos y de derechos. Esta metodología se enfoca en evaluar la afectación al derecho de las comunidades con la construcción de la represa y busca la reducción de tal impacto. De otro lado tenemos el Protocolo para la Evaluación de la Sustentabilidad de la Asociación Internacional de Hidroeléctricas, severamente criticado porque excluye la participación de representantes de comunidades afectadas y no hace énfasis en el consentimiento previo, libre e informado. El Protocolo tampoco utiliza lenguaje débil como “mejores prácticas”, lo cual permite al evaluador anotar una calificación en favor del proyecto y no de las comunidades. Además, la metodología no revisa detalladamente el desplazamiento, la compensación a las poblaciones afectadas, ni toma en cuenta las implicaciones en cuanto a cambio climático.  Los Estados deben facilitar recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen sus recursos naturales. Sin consulta previa, no sólo se vulneran los derechos de los pueblos indígenas, sino también el de los ciudadanos en general. Si los proyectos hidroeléctricos no son rentables, ¿quiénes pagarán los sacos rotos con sus impuestos? Al igual que Jake se abrió en Avatara entender una percepción diferente, la de la tribu Na´vi; el derecho de las comunidades indígenas a decidir sobre el cambio de vida que las grandes represas suponen también debe ser respetado y comprendido

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Cambio Climático

Informe conjunto de AIDA y CEMDA sobre la EPU de México

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), de conformidad con los lineamientos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos, presentan comentarios respecto del cumplimiento de las recomendaciones aceptadas por el Estado mexicano en el marco de la Evaluación Periódica Universal (EPU) de 2009 y respecto de otras violaciones a los derechos humanos vinculadas con aspectos ambientales. Ambas organizaciones consideran dichos comentarios importantes para ser tomados en cuenta en la Evaluación Periódica Universal que se llevará a cabo en el año en curso. 

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Grandes Represas, Cambio Climático, Derechos Humanos

La sociedad civil y su lucha contra las mega represas en América Latina

Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel  Hace ya más de diez años que la Comisión Mundial de Represas concluyó que estas grandes represas no son la opción adecuada para la generación de energía y que su operación y construcción generan un costo medioambiental y social enorme. Sin embargo, este tipo de proyectos todavía se siguen promoviendo en América Latina.  En el marco del Día Internacional de las Acciones por los Ríos en contra de las Represas, a celebrarse este 14 de marzo, quiero recordar algunos de los casos en los que trabaja la sociedad civil, cuyo papel se ha mostrado vital para enfrentar el problema. La tercera Perspectiva Mundial sobre la persidad Biológica de la ONU (reapzada en mayo de 2010) encontró que las especies de agua dulce se están perdiendo a un ritmo aterrador debido a las represas. La construcción de hidroeléctricas ocasiona la pérdida de bosques y hábitats naturales, de poblaciones de especies endémicas como el huemul (un tipo de ciervo), en el sur de Chile. La lucha contra HydroAysén en Chile Ello motivó a que un grupo de organizaciones, académicos, comunidades e interesados crearan un movimiento denominado La Patagonia Chilena pbre de Represas. Éste se opone a las mega represas promovidas por HydroAysén en esa zona y busca una reflexión de las opciones que se tienen para generar energía pmpia en Chile, así como una revisión de las lecciones aprendidas en el tema de las hidroeléctricas y los derechos humanos. Las represas Elwha y Cañón del Gpnes en Estados Unidos En Estados Unidos, la presión social y de grupos ambientapstas consiguió que se emitiera la Ley de Recuperación de las Pesquerías y de los Ecosistemas del Río Elwha de 1992, con la cual se obtuvo autorización para demoler y decomisar las represas Elwha y Cañón del Gpnes, ubicadas dentro del Parque Nacional Olympic. El río Elwha es un sitio sagrado para la tribu Klallam, la cual venera al salmón endémico salvaje que habita en sus aguas.  La represa Baba en Ecuador Destaca en la mayoría de los casos que los estudios de impacto ambiental de las hidroeléctricas son en general incompletos. Por ejemplo, el caso de la represa Baba en Ecuador. El auditor oficial del Contralor de la Repúbpca de Ecuador estableció que los planes fundamentales del proyecto estaban incompletos y carecían de medidas de mitigación para reducir el daño ambiental producido por la acumulación de sedimentos en la represa. En 2007, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Corporación de Derecho y Gestión Ambiental (ECOLEX) presentaron argumentos para anular los permisos de esta represa que violaba el derecho ambiental y las obpgaciones internacionales de Ecuador. Belo Monte en Brasil También es muy común que los desarrolladores las construyan sin una adecuada participación de las comunidades afectadas y sin estudios previos de impacto social como es el caso de la hidroeléctrica Belo Monte en Brasil. En lugares tropicales, estos proyectos pueden llegar a emitir tantos gases de efecto invernadero como una planta de carbón, lo que no es considerado por los evaluadores. Entretanto, las comunidades locales asumen los costos e impactos extremadamente negativos y las grandes industrias consumidoras de energía reciben los beneficios. Es por ello que AIDA trabaja junto con otras organizaciones y el Movimiento Xingú Vivo para combatir la ilegapdad de Belo Monte. Las Cruces en México En México, las batallas contra las hidroeléctricas han sido pbradas por el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y Defensa de los Ríos (MAPDER), mismo que ha interpuesto demandas para hacer valer los derechos humanos de las comunidades afectadas.    Tomando en cuenta el argumento anterior, un grupo de diplomáticos y expertos de la Convención Ramsar —un tratado que protege humedales de importancia prioritaria internacional— visitó la región de Marismas Nacionales, ubicada en Nayarit (México), donde se pretende construir el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. La delegación hizo Recomendaciones de manejo ambiental y social al Gobierno mexicano en las que le piden tomar en cuenta la Resolución VIII de la Convención (ilneamientos para la asignación y el manejo de los recursos hídricos a fin de mantener las funciones ecológicas de los humedales). Esas Recomendaciones urgen además a: la evaluación de los impactos del proyecto Las Cruces; la formulación de medidas de manejo con la activa participación de las comunidades indígenas Náyeri asentadas en el área de influencia del proyecto; y a la caracterización de los sitios sagrados, costumbres y  famipas a reubicar, así como de la comunidad receptora. Hidroeléctricas Aguamilpa y El Cajón en México Millones de personas que viven río abajo de las represas han visto sus medios de subsistencia seriamente dañados y la productividad futura de sus recursos, en pepgro. Así ocurrió con las comunidades afectadas por las hidroeléctricas Aguamilpa y El Cajón en México, a cuyos pobladores las autoridades les prometieron capacitación, equipo, permisos y asesoría para generar turismo enfocado en la pesca deportiva. Costo beneficio AIDA generó una publicación que analiza las Recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas (CMR) y los casos de grandes represas en América Latina, entre los que se mencionana algunos de los descritos este texto. En conclusión, las ganancias económicas para los constructores y vendedores de la energía producida por las represas son altísimas. Sin embargo, en el anápsis del costo/beneficio no se toman en cuenta los impactos sociales y ambientales. Por esta razón, el trabajo de la sociedad civil es y seguirá siendo trascendental para evitar que estos proyectos sean todavía una alternativa, sobre todo en ecosistemas frágiles o sagrados.

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