Cambio Climático

¿Por qué es tan difícil obtener financiamiento para enfrentar el cambio climático?

Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna Para hacerle frente al cambio climático, se necesita una serie de acciones que conlleven una solución real. Una de ellas es el financiamiento de acciones de mitigación y adaptación al fenómeno. A pesar de que parece algo muy simple, el conseguir fondos es uno de los desafíos más grandes que tenemos quienes trabajamos en este tema. La verdad es que los países desarrollados tienen la obligación legal de otorgar financiamiento a los países en desarrollo a fin de que éstos desarrollen proyectos para adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos. Lamentablemente, la falta de un compromiso efectivo para dar cumplimiento a ese imperativo se ve año tras año. Esto ocurre pese a que evidenciamos cada vez más las consecuencias que el cambio climático está trayendo al planeta. Pero ¿por qué es tan difícil financiar acciones que vayan en favor de nuestra seguridad, sobrevivencia y la de generaciones futuras? La respuesta no es fácil, aunque debería serlo porque mientras más esperamos, más disminuyen las posibilidades de lograr un desarrollo sostenible y controlar los impactos que el cambio climático tendrá en nuestras vidas. Parece que nos hemos cerrado a mirar sólo el ahora y, como muchas veces no percibimos los golpes generados por el fenómeno, ya que no somos víctimas directas del mismo, subestimamos sus implicaciones en nuestra existencia y en la de los que están por llegar.  Un funcionario público me dijo una vez que lo que pasa es que a nuestros políticos les importa únicamente el presente pues creen que lo que viene será responsabilidad de otros. El argumento de muchos es que no existen posibilidades de financiamiento debido a la crisis económica que aún vivimos. Pero bien sabemos que sí hay dinero para financiar guerras (4 billones de dólares gastados sólo por Estados Unidos) y que sí se tienen los recursos para financiar la malversación de instituciones financieras que nos llevaron a una desaceleración en primer lugar (ello le costó al Reino Unido 7 mil millones de libras esterlinas en un año nada más). A pesar de esto, los gobiernos continúan afirmando que no existen fondos para el cambio climático. 18 años después El año pasado se realizó la 18ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Sin embargo, después de 18 años, todavía no vemos compromisos claros que coadyuven a lograr el financiamiento necesario. Al momento tenemos un acuerdo para movilizar hasta 100 mil millones de dólares anuales hasta el 2020, pero nunca hemos dicho cómo, cuándo ni quién es responsable de asegurar que este monto se cumpla.   Mientras más esperan nuestros gobernantes para actuar, los desastres naturales son cada vez mayores, los gastos públicos para enfrentar estos cambios se elevan, y las posibilidades para brindar un futuro mejor a nuestros hijos disminuyen. ¿Qué pasa si no hacemos nada, si seguimos postergando la posibilidad de una solución real al cambio climático? Conocí a una mujer de la isla de Kiribati en la COP 18 en Doha, quien, con lágrimas en los ojos, dijo que para ellos el cambio climático se trata de derechos humanos: derecho  a un territorio, a un aire limpio, a la cultura, a la sobrevivencia, al sentido de pertenencia y, en definitiva, derecho a la vida. Kiribati es el lugar que ellos llaman hogar, el cual hoy tendrá que ser relocalizado ya que la vida allí no es más posible. Tal vez debamos pensar que ya no es tarea exclusiva de nuestros gobiernos, sino de todos nosotros. Al final del día, el financiamiento que se busca proviene del dinero que pagamos por concepto de impuestos. Pensemos en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, en el mundo que vamos a dejarles en caso de que no exijamos financiamiento claro y oportuno para afrontar los efectos del cambio climático.

Filipinas destaca en las negociaciones de la COP18

Por Andrea Rodríguez (en Doha, @arodriguezosuna) y Florencia Ortúzar, asesoras legales de AIDA Filipinas ha llegado a ocupar un sitial importante en las negociaciones de la COP18. AIDA participó de una reunión entre la delegación de ese país en Doha y de la sociedad civil. En ella, Naverev M. Saño, Viceministro de Medio Ambiente de Filipinas, compartió sus impresiones sobre la Cumbre. La acertada participación filipina cobró relevancia por los lamentables hechos ocurridos a causa del tifón Bopha, que azotó la isla de Mindanao el pasado martes, ocasionando muertes y destrozando todo a su paso. Este desastre natural se suma a otros de su tipo que han estado acaeciendo con más frecuencia de lo normal y que se atribuyen, cada vez con menores dudas, a los efectos del cambio climático, al parecer fuera de control. Llama la atención la forma en que los delegados de Filipinas se manejan ante las negociaciones. Parecen tener una estrategia superior. Se muestran siempre activos, aportan opiniones relevantes cada vez que hay ocasión y han presentado ya múltiples peticiones. Pese a que no tienen mucho poder, su excelente maniobra y dinámica les han hecho brillar en el mar de posiciones y discursos que conforman la COP. Filipinas ha dicho que exigirá un segundo período para el Protocolo de Kyoto (PK) con las enmiendas necesarias para combatir efectivamente el problema del cambio climático (CC). Se debe garantizar el PK continúe y sin vacíos. El único instrumento vinculante respecto del CC a nivel mundial tiene sus días contados y, sin una prórroga o uno que le siga, todo lo avanzado podría colapsar. La excusa de que “no hay dinero” no es ya viable, expresaron los de la delegación filipina. Hoy en día, ya se conocen las grandes sumas de dinero que se gastan en Afganistán para la guerra o en Grecia para rescatar bancos en crisis, recordaron. Por otro lado, Filipinas tiene claro que una de las razones que ha ensombrecido las negociaciones y su posibilidad de avanzar es la falta de participación de la sociedad civil y de los propios delegados. Los ministros se reúnen sólo con sus pares, llevan tres días de negociaciones y son asesorados por otros ministros, en lugar de tener o con delegados y representantes de la sociedad civil, lamentaron los filipinos. La actitud de la delegación de Filipinas se ha mostrado además ambiciosa, sin dar señal alguna de retroceso. No aceptarán nada a medias, pelearán para lograr algo concreto. Youngo, el grupo oficial de jóvenes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) manifestó su apoyo a Filipinas en una carta que terminó con una frase que ilustra el sentimiento de muchos ante la injusticia y las frustraciones que emanan de negociaciones que no avanzan: “Por ahora, estamos con Las Filipinas. Nos unimos a las millones de personas en todo el mundo que pagan por la ignorancia y la arrogancia de los países y las empresas de combustibles fósiles que ponen los intereses de las ganancias económicas por delante de las necesidades de las personas. No echaremos pie atrás. Solidariamente, YOUNGO” Ir a la página de CEMDA y AIDA sobre noticias y actividades de la COP18 en Doha

COP18: Derechos humanos y cambio climático, un vínculo necesario

Por Andrea Rodríguez (en Doha, @arodriguezosuna) y Florencia Ortúzar, asesoras legales de AIDA El evento “El Avance de los Derechos Humanos en el Marco Climático: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?”, que AIDA co-auspició, sirvió para poner al día a los asistentes sobre el camino recorrido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en cuanto al reconocimiento de la obligación de proteger los derechos humanos. Organizado por CIEL (Centro Internacional de Derecho Ambiental) y la Universidad de Lapland, el evento buscaba explorar nuevas oportunidades para avanzar en la protección de los derechos humanos dentro de los procesos y mecanismos actuales y los de reciente creación como el Fondo Verde Climático (FVC) y el mecanismo de pérdidas y daños.   El resultado fue muy interesante. Diferentes istas ilustraron de manera emotiva la situación desesperada que viven las pequeñas naciones islas, que ven cómo el mundo avanza hacia un aumento global de temperatura, haciendo cada vez más inevitable la desaparición de sus tierras y cultura. Entre los casos que se compartieron está el del pequeño Estado de Kiribati, compuesto por varios atolones de coral. Estas islas son muy vulnerables a las subidas de la marea, los días allí son cada vez más calurosos y las lluvias más intensas. Las sequías también se han intensificado y han provocando estragos como la muerte de árboles. Además, a causa del cambio climático, el agua subterránea en Kiribati está contaminada, situación que amenaza la provisión de agua potable y la seguridad alimentaria de sus habitantes. Es terrible ver cómo la gente que permanece en la isla, aferrada a su cultura, trabaja cada vez más duro para sobrevivir, sin lograr mejorar una realidad que ya escapa a sus manos.  La situación es similar en las islas de Maina y Melont Tuvalu. Se trata de ocho pequeñas islas que en total suman 26 kilómetros cuadrados. En el lugar se generan vientos cada vez más fuertes, así como intensas mareas que provocan mucha destrucción. El cambio climático ha contaminado, como en el caso anterior, las aguas subterráneas y las mareas altas están forzando migraciones, re-localizaciones y el surgimiento de los llamados “refugiados del cambio climático”. Los problemas descritos sólo pueden derivar en conflictos aún peores: cuestiones de soberanía, pérdidas de lengua, identidad y cultura. Al quedarse sin territorio, las poblaciones afectadas por el cambio climático pierden el espacio donde plasmar sus modos de vida. El derecho a permanecer en sus tierras de origen es un derecho establecido por las Naciones Unidas. ¡Estas naciones tienen el derecho de vivir para siempre! En este sentido, el mensaje concreto del evento fue que, mientras los países desarrollados temen a lo sumo un aumento en el precio de las energías; la suerte que les espera a los países en desarrollo podría ser apocalíptica. Para los primeros, el cambio climático es acerca de ponerle un precio al carbono. Para los segundos, se refiere a algo más fundamental: la existencia misma, los derechos humanos (a la tierra, al aire, etc.), la pérdida de cultura, la sobrevivencia, la posibilidad de perder sus raíces y el lugar que reconocen como hogar. El tema merece una profunda reflexión en torno a la necesidad de incluir los derechos humanos en la discusión sobre el cambio climático. Se deben integrar los ecosistemas a los modos de vida. Debe avanzarse hacia el respeto de la sabiduría tradicional y el reconocimiento de la importancia de la participación total y efectiva de las comunidades y de su consentimiento libre, previo e informado. Las salvaguardas son la herramienta para resguardar los derechos humanos. Pero, ¿qué hemos conseguido hasta ahora? Al menos se han considerado los derechos indígenas en textos, pero esto no es suficiente. Está pendiente aún la tarea de integrar los derechos humanos a las salvaguardas del régimen global del cambio climático. Quizás podría establecerse un mecanismo de quejas bajo la CMNUCC que esté alineado con los compromisos internacionales. Ir a la página de CEMDA y AIDA sobre noticias y actividades de la COP18 en Doha

Desafíos en la implementación de proyectos de energía eólica en México. El caso del Istmo de Tehuantepec

DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA EN MÉXICO El caso del Istmo de Tehuantepec El desarrollo de proyectos de energía renovable, como los parques eólicos, son esenciales para lograr la transición energética baja en carbono necesaria para hacer frente al cambio climático. Sin embargo, los parques eólicos que se están desarrollando en el Istmo de Tehuantepec (Estado de Oaxaca, México) están generando consecuencias sociales y ambientales negativas que sobrepasan los posibles beneficios que éstos generan, al desconocer los derechos humanos de las comunidades campesinas e indígenas que habitan la zona (Zapotecos y Jijots). Esta carta es un llamado abierto para que en México y en el mundo se promuevan mejores prácticas en el desarrollo de estos proyectos que garanticen los derechos humanos de los pueblos, permitiendo así el avance hacia un desarrollo verdaderamente sustentable. Con el apoyo de recursos financieros internacionales, incluyendo los generados por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) establecido en el Protocolo de Kioto y según la información con la que cuentan los lugareños del Istmo de Tehuantepec, el Estado mexicano ha autorizado al menos 14 proyectos eólicos para desarrollarse en Oaxaca; uno de los estados más pobres y donde el 34% de la población es de origen indígena. Es preocupante que el Estado Mexicano no haya definido reglas y mecanismos para su desarrollo, dejando a las empresas privadas negociar directamente con las comunidades. Toda esta situación ha puesto a las comunidades en una posición de desventaja y vulnerabilidad, lo que se agrava por los siguientes factores: a) Falta de información. La mayoría de los habitantes cercanos a los proyectos han manifestado su descontento por la falta de información oportuna e integral existente. Por ejemplo, en reuniones con organizaciones y foros públicos las comunidades han expresado que a pesar de que se les informó inicialmente acerca de la implementación de los proyectos, nunca se mencionaron los potenciales impactos ambientales que hoy les aquejan, tales como los que han resultado en la imposibilidad de cultivar la tierra, actividad tradicional de la región. b) Amenazas y violencia contra las comunidades que se oponen a estos proyectos. Desde hace más de dos años las comunidades han estado denunciado graves casos de violencia en contra de los principales líderes de las comunidades indígenas Jijots y Zapotecas, por parte de grupos paramilitares y autoridades estatales que, respondiendo a las demandas del sector privado, están por implementar proyectos incluso en contra de la voluntad de las comunidades. En días pasados, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, grupo formado a raíz de la problemática, publicó que un comunero, Samuel Guerrero, fue gravemente herido y de acuerdo a los últimos reportes, se encuentra aún hospitalizado. c) Falta de procesos de consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado. Las concesiones y permisos istrativos necesarios para construir y operar los parques eólicos fueron otorgados sin el debido procedimiento de consentimiento a los pueblos indígenas Jijots y Zapoteco que habitan la zona, según lo establece el derecho internacional, al que México está obligado. d) Irrisorios contratos de arrendamiento de tierras. Las empresas desarrolladoras han firmado contratos con las comunidades ofreciendo pagos mínimos (según de las comunidades, del orden de 0,1 dólar por hectárea). Encima de esto las condiciones de los contratos cambian de una empresa a otra, no existiendo un proceso que permita negociar bajo los mismos estándares. e) Carencia de un beneficio comunitario integral. Los proyectos en cuestión no cuentan con un plan de desarrollo ambiental y social integral, por lo que benefician sólo a un sector pequeño de la población, mayormente inversionistas y empresas que compran la energía. Si bien algunos ejidatarios han accedido a pagos por la renta de sus tierras, esto no se ha traducido en mayor desarrollo para las comunidades y pueblos, cosa que habría planteado, al inicio de los proyectos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). f) Impactos ambientales. A pesar de que los proyectos implican la generación de evidentes daños ambientales, aún no se han hecho estudios para identificarlos y prevenirlos o mitigarlos. El quemado de extensas zonas de pastizales (lo que genera importantes emisiones de gases de efecto invernadero), la tala de manglares y el impacto a las aves por tratarse de zona migratoria, son ejemplos de estos impactos que deben ser atendidos. Con el fin de mitigar los impactos sociales, ambientales y evitar violaciones a derechos humanos en la implementación de proyectos eólicos, sugerimos las siguientes acciones: Crear un Protocolo para el desarrollo de proyectos con perspectiva de género, que garantice el respeto de los derechos humanos consagrados en normas mexicanas e internacionales. El protocolo deberá quedar contemplado en todos los instrumentos de política pública implicados y debe cumplir los siguientes objetivos: integrar criterios e indicadores que sirvan para verificar el cumplimiento de las condiciones ambientales y sociales indispensables; incentivar la derrama económica en la región, de manera que beneficie a aquellos que no tienen tierras; y promover sistemas de colaboración entre el sector privado desarrollador, el propio gobierno estatal y las comunidades locales. Garantizar que las comunidades afectadas cuenten con información oportuna, completa, clara y en su idioma, antes de aprobar el financiamiento para estos proyectos. Asimismo, debe garantizarse que las decisiones tomadas por las comunidades sean respetadas, incluso si son negativas respecto de un proyecto, respetando así el consentimiento libre, previo e informado. De igual forma, se debe velar por la generación de oportunidades para las comunidades, tales como la oferta de empleos e incluso el apoyo para el desarrollo de proyectos comunitarios. Elaborar, publicar y aplicar una metodología para medir las externalidades de los proyectos, mediante la cual, la Comisión Reguladora de Energía de México1 evalúe su sustentabilidad, con base en evaluaciones independientes. En función de los resultados, la Comisión podrá otorgar o negar el prioritario a la red, dándole preferencia a aquellos proyectos que beneficien más a las comunidades locales. Contribuciones y apoyo de: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Heinrich Böll Stiftung Comunicación y Educación Ambiental S.C. FUNDAR, Centro de Análisis e investigación Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”

Estados Unidos en la COP18: Los testarudos de siempre

Por Andrea Rodríguez (en Doha, @arodriguezosuna) y Florencia Ortuzar, asesoras legales de AIDA DOHA, QATAR. La representante de AIDA en la COP18, Andrea Rodríguez, y de CAN Finance se reunieron en Doha con tres de los delegados del Gobierno de Estados Unidos, entre ellos un miembro del Standing Committee por ese país. Tres fueron los puntos principales que se abordaron en el encuentro. En primer lugar, los delegados mencionaron un informe sobre el Financiamiento de Rápido Arranque (FSF) que habrían presentado recientemente, en el que se justifica que Estados Unidos ha entregado el dinero correspondiente a los compromisos que adquirió. El problema, señalaron nuestros representantes, es que el dinero que sale del Congreso estadounidense genéricamente como “presupuesto para cambio climático” no cumple con el requisito de ser “new and additional”. Ante la ausencia de un órgano que verifique el destino de los fondos, éstos se mezclan y sus denominaciones cambian para cumplir con una y otra obligación.   El concepto “new and additional” significa que los fondos aportados para el cambio climático deben ser independientes de aquellos desembolsados para compromisos anexos. Por ejemplo, lo que el Gobierno de Estados Unidos entrega como asistencia para el desarrollo, se debería aprobar como otro ítem. Pero sucede que el Congreso autoriza una determinada suma de dinero para cambio climático sin importar hacia dónde se dirije. Los delegados estadounidenses parecen considerar que si dicho presupuesto sube un poco cada año, ya se estaría cumpliendo con el requisito de “new and additional”. Según los delegados, Estados Unidos aportó 7.5 billones de dólares por el FSF, cifra que sumada a los aportes de otros países llegaría a los 30 billones comprometidos. Nuestros representantes insistieron en que el dinero debe ser, por mandato, “new and additional”. Para los delegados estadounidenses, los fondos que salen anualmente del Congreso cumplen siempre con ese requisito. Ante esto sólo queda comentar lo absurdo que resulta su percepción ya que existe una concepción legal de lo que significa “new and additional”. Entre lo privado y lo público El segundo punto discutido en la reunión fue el Standing Committee, organismo creado para mejorar la coherencia y coordinación del financiamiento para mitigar los efectos del cambio climático. Uno de los delegados de Estados Unidos es parte del comité, razón por la cual resultó preocupante y sorprendente cuando éste manifestó simplemente que dicha instancia “le parecía útil”. Finalmente, se abordó el financiamiento a través de dinero privado o público. Estados Unidos pareció adoptar la postura de que el dinero privado debe ser usado sin más si es que así se puede solucionar un problema. Esta posición es contraria a los principios de responsabilidad que rigen las negociaciones sobre cambio climático. Es claro que nosotros no querríamos cerrar las puertas a cualquier ayuda económica, incluso si ésta viene del ámbito privado. Pero se debe actuar con cautela y teniendo siempre en cuenta que el financista privado no tiene una convención mundial que le gobierne. El financiamiento privado debería ser considerado como complementario al público, pero no puede ser el único en usarse para cumplir las obligaciones que los países desarrollados deben prestar a los países en desarrollo. No estamos tranquilos dejando el peso de la responsabilidad al mundo privado, el cual no constituye una entidad de derecho internacional, por lo que no puede asumir las obligaciones de un país. Ir a la página de CEMDA y AIDA sobre noticias y actividades de la COP18 en Doha

COP18. Termina la Cooperación a Largo Plazo: ¿Y el financiamiento?

Por Andrea Rodríguez (en Doha, @arodriguezosuna) y Florencia Ortuzar, asesoras legales de AIDA DOHA, QATAR. Uno de las preocupaciones centrales respecto del financiamiento necesario para mitigar los efectos del cambio climático en las negociaciones de DOHA tiene que ver con la pronta disolución del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Cooperación a Largo Plazo en el Marco de la Convención (AWG-LCA). El futuro de este espacio hasta ahora apto para discutir los temas financieros es incierto. El AWG-LCA es un cuerpo subsidiario establecido bajo la Convención para llevar a cabo un proceso comprensivo que permita la total, eficiente y sustentable implementación a través de la cooperación a largo plazo. El temor que hoy existe se debe a que, su plazo de existencia, está por cumplirse y aún se desconoce dónde se discutirá sobre financiamiento cuando ello ocurra. La sociedad civil ha manifestado que no importa dónde suceda, mientras se establezca un espacio político para hablar y empujar efectivamente un asunto fundamental como el financiero para hacer frente al cambio climático. La alternativa podría ser mantener el AWG-LCA o que el espacio se genere a través del Standing Committee, la Plataforma de Durban o la misma COP. Lo importante es que se reconozca el procedimiento como tal y que se resuelva, evitando a toda costa la posibilidad de que el tema quede sin discutirse y, por ende, en un vacío total. Ir a la página de CEMDA y AIDE sobre noticias y actividades de la COP18 en Doha

AIDA envía informe a la OEA sobre los peligros del cambio climático para los derechos humanos en América Latina

La reducción dramática de al agua representa uno de los impactos más graves. La inestabilidad del clima limitará el al agua a millones de personas en la región tropical andina. AIDA urge medidas para proteger los derechos humanos en las comunidades más vulnerables del continente. Ciudad de México / Bogotá. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) entregó el 16 de febrero un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la relación del cambio climático y los derechos humanos. El documento llamado “Cambio climático y derechos humanos en América Latina: Una crisis humana” preparado en inglés y en español por el equipo de investigación de AIDA, detalla los efectos negativos del cambio climático para los derechos humanos al ambiente sano, a la vida, al agua, a la alimentación y a la vivienda, entre otros, para millones de personas en América Latina. El más grave de los impactos es la escasez de agua potable en América Latina.  El derretimiento de glaciares, la degradación de los humedales de alta montaña como los páramos, los patrones inestables del clima y las graves sequías, son algunas de las causas que limitarán a aproximadamente 50 millones de personas, el al agua a en la región tropical andina para el 2050. “El cambio climático afecta más a quienes son menos responsables de las emisiones de efecto invernadero, en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad como las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y barrios pobres de ciudades”, afirmó el asesor legal de AIDA y co-autor del informe, Jacob Kopas. El reporte aboga por un acuerdo climático con obligaciones legales vinculantes para que los países con mayores emisores de carbono asuman su responsabilidad proporcional para la adaptación y mitigación y apoyen a los países en desarrollo. “Esperamos que la Comisión Interamericana recomiende a los gobiernos más responsables por las emisiones históricas y actuales, que cumplan con su obligación internacional de contribuir más a soluciones duraderas frente al cambio climático", añadió Kopas. Otros impactos del informe incluyen el pronóstico de más lluvias e inundaciones en el continente.  Esto tan sólo en 2010 afectó a 2,2 millones de personas y causó daños en Colombia por $USD 300 millones. También se han perdido 80% de arrecifes de coral debido en gran medida al calentamiento del agua de los océanos y a su acidificación. AIDA espera que el informe sea útil a la CIDH en la investigación continua sobre el vínculo entre los derechos humanos y el cambio climático, derivado del mandato de la Asamblea General de la OEA para investigar al respecto (Resolución 2429, XXXVIII-O/08), y también para los gobiernos y comunidades para encontrar mejores soluciones a este problema global. Para mayor información:  http://www.aida-americas.noticiasalagoanaida-americas.noticiasalagoanas.com/es/project/el-impacto-del-cambio-climatico-en-los-derechos-humanos  

AIDA presenta informe en Durban sobre el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos en América Latina

Llaman a tomar medidas para proteger los derechos humanos de las comunidades más vulnerables. Durban, Sudáfrica. El miércoles 7 de diciembre de 2011, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante los delegados que participan en las negociaciones climáticas en Durban, Sudáfrica, un informe donde se detallan los efectos negativos del cambio climático sobre los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, al al agua, a la salud, a la alimentación y a la vivienda para millones de personas en América Latina. “El cambio climático es la causa del mayor perjuicio a los derechos humanos de aquéllos que son los menos responsables por las emisiones de gases de efecto invernadero- comunidades vulnerables e históricamente desfavorecidas como campesinos, pueblos indígenas y la gente más pobre de las ciudades urbanas”, afirmó el abogado de AIDA Jacob Kopas.  “Los gobiernos que son desproporcionadamente responsables de las históricas y actuales emisiones tienen una obligación internacional de contribuir más a las soluciones duraderas”. El impacto más perturbador de todos los que han sido detallados en el informe es la reducción drástica del al agua dulce en América Latina.  El incremento del descongelamiento de los glaciares, la degradación de los humedales en los páramos de alta montaña, los patrones meteorológicos erráticos y las duras sequías limitarán de aquí al año 2050, el al agua a más de 50 millones de personas en la región tropical andina. Otros impactos incluyen lluvias e inundaciones más fuertes, fenómeno que ya ha afectado a 2.2 millones de personas y ha ocasionado US$300 millones de dólares en daños sólo en Colombia durante el año 2010; y la pérdida del 80% de los arrecifes de coral del Caribe debido en gran parte a un incremento en las temperaturas y la acidificación del océano. “Las partes deben entender que no es posible cerrar los ojos ante el problema del cambio climático. Tenemos que actuar ahora mismo para ayudar a que las comunidades más afectadas del mundo puedan enfrentar el cambio climático y para ello debemos garantizar soluciones urgentes y alcanzables como el Fondo Verde Climático aquí en Durban”, dijo Andrés Pirazzoli, abogado de AIDA, quien repartió el informe entre los delegados participantes de las negociaciones. AIDA respalda al Fondo Verde Climático, destinado a financiar la adopción de tecnologías bajas en carbono, además de programas de adaptación en el mundo en vías de desarrollo. AIDA publicó un informe esta semana donde da a conocer una investigación formulada para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revela el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos.  El informe exhorta a la aprobación de un tratado climático vinculante y exhorta a los emisores más grandes a que sufraguen los gastos de las medidas de adaptación y mitigación en el mundo en vías de desarrollo.

Incidiendo ante el Fondo Verde del Clima

Comisiones de la Cámara de Diputados reciben de organizaciones ciudadanas propuesta de modificación al Proyecto PEF 2011, y se les invita a ser consistentes con las metas de cambio climático

Para publicación inmediata 11 de noviembre, 2010.   Diputados representantes de la Comisión Especial de Cambio Climático y la Comisión de Medio Ambiente se suman a iniciativa de organizaciones de la sociedad civil para la construcción y diálogo de una Política Efectiva de Financiamiento en materia de Cambio Climático     Ciudad de México, México – A unos días de la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (PPEF 2011), representantes de la iniciativa denominada “Grupo de Financiamiento para Cambio Climático” de la sociedad civil, hicieron entrega a las comisiones de la Cámara de Diputados de Presupuesto y Cuenta Pública, Cambio Climático, Energía, Transporte, Medio Ambiente, Agricultura, Género y al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; un documento de recomendaciones de modificación al PEF 2011, basada en los objetivos de reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero para el combate al cambio climático en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura.   Al respecto, el Diputado César Daniel González Madruga, Secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático, señaló que la colaboración entre el Poder Legislativo y la sociedad civil es fundamental y estratégica en términos de avanzar hacia la construcción de una política de financiamiento que considere objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, como la mayor amenaza que enfrenta la humanidad a nivel mundial”.   Los representantes de las organizaciones impulsoras de esta iniciativa comentaron que el Poder Legislativo es una actor clave capaz de hacer la diferencia en la política climática nacional, a fin de que la actuación de nuestro país sea consistente con las metas propuestas en el marco de las negociaciones internacionales, reflejadas tanto en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), como en otras medidas que pueden ayudar a cumplir con dichas metas. “México ha sido uno de los principales impulsores de la creación de una arquitectura financiera internacional, y si bien contar con más recursos provenientes de otros países es necesario, es más urgente hacer un uso efectivo y transparente de los recursos que actualmente tiene el Gobierno para promover medidas contundentes de combate y adaptación al cambio climático.   En este contexto, el trabajo del Grupo de Financiamiento para Cambio Climático -en colaboración con las comisiones de Cambio Climático- marca un precedente importante, no sólo para dar a conocer las propuestas de modificación al proyecto PEF 2011 en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura durante la presente negociación presupuestaria, sino también como una oportunidad para que México, sede de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático a celebrarse en unas cuantas semanas, presente al mundo acciones concretas e inmediatas que avalen su compromiso con la atención a dicho fenómeno.   Finalmente, los representantes de las más de 10 organizaciones además de los diversos actores que conforman dicha iniciativa confiaron en que el Poder Legislativo, en respuesta a esta propuesta ciudadana sobre ajustes estructurales al proyecto de Presupuesto de Egresos y la respectiva asignación de presupuesto para acciones prioritarias en la lucha contra el cambio climático; acogerá estas recomendaciones y será un actor decisivo para comenzar a crear una estructura financiera que permita a nuestro país hacer frente al cambio climático de manera decisiva.     Organizaciones firmantes: El Barzón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte del Tecnológico de Monterrey (CEDAN), el Centro de Transporte Sustentable (CTS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Clima Integral, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Fundación Heinrich Bell, Greenpeace México y Oxfam México.     Notas: La versión electrónica del documento de recomendaciones al proyecto PEF 2011 está disponible en la página: www.cemda.org.mx      Para mayor información ar: Claudia Gómez-Portugal M. / [email protected] / Cel. (55) 1850 6827 Mariana Gutiérrez / [email protected] / Cel. (55)1502 0125 Sakbe Comunicación Ambiental / Tel. (55) 5264 3777